Informe de Provea alerta sobre déficit de viviendas, deterioro social y crisis ambiental en Venezuela
Finalmente, Provea alertó que la combinación de cambio climático, deforestación, contaminación y falta de inversión pública incrementa el riesgo de sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad, factores que podrían agravar aún más las condiciones de vida de la población venezolana en los próximos años.
Venezuela / Redacción Panas en Utah.- La organización Provea presentó su Informe Anual 2025 con un diagnóstico que expone el deterioro de las condiciones sociales, económicas y ambientales en Venezuela. El documento sostiene que el país enfrenta un déficit habitacional de 2,2 millones de viviendas, un aumento de las violaciones a los derechos humanos y una profunda crisis en áreas como la alimentación, la salud y el acceso a los servicios básicos.
Uno de los principales señalamientos del informe corresponde al programa nacional de vivienda. Según Provea, el Gobierno anunció la entrega de 400.000 viviendas durante 2025, pero únicamente adjudicó 1.415. La organización también afirmó que numerosas familias permanecen bajo condiciones de tenencia precaria y aseguró que la política habitacional se convirtió en un mecanismo de control social, en lugar de ofrecer una respuesta estructural a la demanda existente.
El gobierno prometió 400.000 viviendas para 2025, pero solo entregaron 1415.
— PROVEA (@_Provea) July 7, 2026
En nuestro #InformeProvea2025 documentamos un déficit de 2,2 millones de viviendas, familias bajo tenencia precaria y un programa habitacional usado como control social.
Las promesas no construyen… pic.twitter.com/bys2zIiESj
El documento también describe un panorama de retroceso institucional y democrático. De acuerdo con la organización, las desapariciones forzadas aumentaron 196 % en comparación con 2024, mientras las detenciones por razones políticas crecieron 102 % respecto al promedio registrado durante los últimos 17 años. Provea señaló además que el salario mínimo cerró el año en 0,45 dólares, el 62 % de la población enfrentó graves restricciones para acceder al agua potable y el 88 % de los hospitales funcionó sin disponibilidad suficiente de medicamentos.
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En el informe, la organización incorpora un apartado sobre los acontecimientos políticos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Provea considera que ese hecho marcó el cierre de un ciclo político de 27 años e inició una etapa de transición que, a su juicio, debe priorizar la verdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El estudio también analiza el derecho a la alimentación. Según las cifras recopiladas, el salario mínimo apenas cubrió el 1 % del costo de la Canasta Alimentaria Familiar, valorada en 565 dólares al cierre de 2025. Además, la inflación de los alimentos alcanzó 259,3 %, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela.
La organización citó información de Cáritas de Venezuela que identifica un índice de desnutrición aguda de 9,1 % en comunidades vulnerables. El informe añade que el 24,2 % de las mujeres en edad reproductiva presenta anemia, mientras más de la mitad de la población redujo la cantidad y calidad de los alimentos consumidos. Asimismo, uno de cada tres venezolanos recurrió a la mendicidad como estrategia para obtener comida.
Provea indicó que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) aportaron menos del 20 % de los requerimientos calóricos y nutricionales de una familia promedio. Paralelamente, la asistencia humanitaria internacional solo alcanzó el 35 % de la población prevista debido a que recibió apenas una cuarta parte del financiamiento requerido.
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En materia ambiental, el informe advierte que el 77 % de los venezolanos no recibe agua potable de forma regular mediante la red de tuberías. También documenta derrames petroleros registrados durante 2025 en los estados Falcón, Zulia, Anzoátegui y Monagas, además de la expansión de actividades mineras legales e ilegales en distintas regiones del país.
Finalmente, Provea alertó que la combinación de cambio climático, deforestación, contaminación y falta de inversión pública incrementa el riesgo de sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad, factores que podrían agravar aún más las condiciones de vida de la población venezolana en los próximos años.
