Venezuela registró más de 10.000 muertes a manos de cuerpos de seguridad desde 2013, según Provea
Venezuela / Redacción Panas en Utah.- La organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su Informe Anual 2025, en el que documentó más de una década de presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El reporte señaló que funcionarios policiales y militares causaron la muerte de más de 10.000 personas entre 2013 y 2025, una cifra que la organización considera alarmante por su magnitud y persistencia.
Funcionarios policiales y militares han asesinado a más de 10.000 personas en Venezuela desde 2013.
— PROVEA (@_Provea) June 22, 2026
En 2025 fueron unas 336 víctimas, con un 76% ejecutadas en el día, el 54% jóvenes de entre 18 y 30 años.
El Ministerio Público no investigó las muertes, la Defensoría guardó… pic.twitter.com/aTm2u3TgVt
Durante 2025, Provea contabilizó aproximadamente 336 víctimas fatales en procedimientos ejecutados por organismos de seguridad del Estado. Según los datos recopilados, el 76% de los casos ocurrió durante el día y el 54 % de las víctimas correspondió a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.
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El informe también cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de garantizar la protección de los derechos ciudadanos. La organización afirmó que el Ministerio Público no avanzó en investigaciones relacionadas con estas muertes y señaló que la Defensoría del Pueblo no emitió pronunciamientos sobre los hechos registrados.
Más allá de las cifras vinculadas a la actuación de los cuerpos de seguridad, el documento describió un panorama general marcado por el deterioro institucional y social. Provea sostuvo que durante 2025 Venezuela experimentó una profundización de prácticas contrarias a los principios democráticos, situación que calificó como una de las regresiones más significativas observadas en América Latina durante las últimas décadas.
Entre los indicadores destacados, la organización reportó un incremento de 196 % en los casos de desapariciones forzadas en comparación con 2024. Asimismo, registró un aumento de 102 % en las detenciones por motivos políticos respecto al promedio de los últimos 17 años.
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El informe también abordó aspectos relacionados con las condiciones de vida de la población. Según los datos expuestos, el salario mínimo culminó el año en 0,45 dólares mensuales. Además, el 62 % de los venezolanos enfrentó severas limitaciones para acceder al agua potable y el 88 % de los hospitales presentó escasez de medicamentos e insumos esenciales.
Provea dedicó una sección especial a los acontecimientos políticos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. La organización interpretó este hecho como el cierre de un ciclo político de 27 años de gobierno chavista-madurista y el inicio de una etapa de incertidumbre para el país.
Finalmente, el informe planteó la necesidad de que cualquier proceso de transición política incorpore mecanismos orientados a garantizar la verdad, la justicia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia, demandas que diversos sectores de la sociedad civil mantienen como prioridades para el futuro de Venezuela.
