Informe alerta sobre sistema de vigilancia masiva en Venezuela y su impacto en millones de ciudadanos
El análisis posiciona la vigilancia digital como uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en Venezuela, en un contexto donde la tecnología redefine las formas de control social.
Venezuela / Redacción Panas en Utah.- Un reciente informe elaborado por organizaciones especializadas en seguridad digital encendió las alarmas sobre el alcance de la vigilancia estatal en Venezuela. La investigación, desarrollada por Conexión Segura y el Digital Forensic Research Lab (DFRLab), describe la existencia de un ecosistema tecnológico que articula múltiples herramientas de control político bajo una misma estructura operativa.
El documento califica este entramado como un sistema de vigilancia de alcance masivo que integra distintas tecnologías con un objetivo común: monitorear, identificar y rastrear a la población. Los hallazgos abarcan el período comprendido entre octubre de 2023 y enero de 2026, y evidencian una expansión sostenida de estas capacidades.
Entre los mecanismos identificados, el informe detalla el uso de redes de videovigilancia, incluyendo sistemas como VEN911 y circuitos cerrados de televisión, que permiten ubicar e identificar a ciudadanos en espacios públicos. A esto se suma la interceptación de telecomunicaciones a gran escala, considerada una de las herramientas más intrusivas del sistema.
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La investigación también documenta prácticas de ciberpatrullaje, ciberataques y campañas de phishing dirigidas a usuarios específicos, así como el posible uso de software malicioso. Estas acciones se combinan con aplicaciones promovidas por el Estado, como plataformas digitales que funcionan como canales de interacción ciudadana, pero que también facilitan el monitoreo de datos personales.
Otro elemento clave del informe incluye la revisión e incautación de dispositivos electrónicos en puntos de control y centros de detención. Esta práctica permite a las autoridades acceder a información privada sin garantías judiciales, lo que incrementa el nivel de exposición de los ciudadanos.
El reporte estima que la inversión en esta infraestructura supera los mil millones de dólares y alcanza a aproximadamente 27 millones de personas. Además, señala que este sistema no solo se mantiene activo, sino que continúa su operación bajo la actual estructura de poder, lo que refuerza su carácter estructural y permanente.
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Organizaciones especializadas advierten que la combinación de estas herramientas genera una restricción significativa del espacio cívico y fomenta dinámicas de autocensura en la población.
Ante este escenario, el informe plantea varias recomendaciones. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer la capacitación en seguridad digital para poblaciones vulnerables, impulsar acciones internacionales que promuevan el desmantelamiento de estas infraestructuras y establecer mecanismos de rendición de cuentas para empresas tecnológicas vinculadas a estos sistemas.
El análisis posiciona la vigilancia digital como uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en Venezuela, en un contexto donde la tecnología redefine las formas de control social.
