Denuncian encarcelamiento de agentes del Cicpc por negarse a manipular evidencias tras captura de Maduro (+VIDEO)
El caso rebasa lo estrictamente judicial y se inserta en un clima de tensión política y mediática en Venezuela, donde las denuncias de arbitrariedad y manipulación de pruebas se entrelazan con versiones encontradas sobre los eventos recientes en Fuerte Tiuna.
Caracas/ Redacción Panas en Utah.- Familiares y allegados de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Venezuela denuncian que al menos 30 agentes se encuentran recluidos en la prisión El Rodeo I, tras rechazar la supuesta orden de alterar evidencias vinculadas al bombardeo ocurrido el 3 de enero en el complejo militar de Fuerte Tiuna. La información fue difundida por el periodista venezolano David Placer a través de redes sociales, y ha generado un nuevo foco de controversia en un contexto de fuerte polarización política y mediática.
Fuentes cercanas a los afectados comentan que los agentes fueron convocados a una reunión el 23 de enero por mandos medios del organismo, donde se les exigió “suministrar información falsa” y modificar los resultados periciales de las investigaciones relacionadas con los hechos en Fuerte Tiuna. Quienes se resistieron a cumplir con esas instrucciones habrían sido detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y remitidos a El Rodeo I, en Miranda.
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Según testimonios recogidos por Placer, entre los detenidos figura Joharlim Enrique Luzardo Noria, un veterano jefe de fotografía forense con más de tres décadas de servicio en el Cicpc, a quien allegados describen como profesional ético e incapaz de manipular evidencia. Familiares aseguran que Luzardo Noria y otros agentes permanecen con capucha permanente y presentan heridas compatibles con torturas dentro del penal, siendo liberados de ese encubrimiento únicamente para ingerir alimentos.
Desde el entorno de los detenidos también se señaló que las autoridades imputan al grupo un supuesto intento de asesinato contra el director del Cicpc, Douglas Rico, acusación que familiares consideran infundada y parte de un intento por justificar las detenciones.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos vinculados a presos políticos señalan que estos hechos se enmarcan en un patrón de detenciones arbitrarias y violaciones a garantías procesales, aunque no existen confirmaciones oficiales sobre los cargos formales ni las condiciones legales de los procedimientos.
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Por su parte, la dirigencia del Cicpc ha publicado mensajes desmintiendo la detención masiva de agentes dentro de la institución, rechazando versiones que califican de “contenido de dudosa procedencia” y pidiendo a la ciudadanía verificar cualquier información mediante canales oficiales. No obstante, la respuesta institucional no ha abordado de manera clara las alegaciones sobre la negativa a alterar evidencias en torno a la operación militar del 3 de enero.
El caso rebasa lo estrictamente judicial y se inserta en un clima de tensión política y mediática en Venezuela, donde las denuncias de arbitrariedad y manipulación de pruebas se entrelazan con versiones encontradas sobre los eventos recientes en Fuerte Tiuna y sus implicaciones para la estabilidad del país. La situación sigue en desarrollo, con demandas de aclaraciones tanto dentro como fuera del territorio venezolano.
Con información de Runrunes y La Patilla
