Casi 900.000 venezolanos quieren emigrar y la diáspora exige garantías para regresar
Las cifras y los planteamientos expuestos reflejan dos desafíos simultáneos: las condiciones que todavía impulsan la salida de venezolanos y la necesidad de crear garantías concretas para quienes contemplan regresar.
Venezuela / Redacción Panas en Utah.- Cerca de 900.000 adultos en Venezuela expresan su deseo de emigrar, mientras miles de venezolanos que viven en el exterior condicionan su eventual retorno a mejoras en la seguridad, el empleo y los servicios públicos. Así lo advirtió Ana María Diez, presidenta de Coalición por Venezuela y coordinadora de la Red de Sociedad Civil del Proceso de Quito (RESC), durante un encuentro regional celebrado en Panamá.
Un estudio de Think Anova, publicado en octubre de 2026, estima que 889.702 adultos venezolanos manifiestan una intención explícita de abandonar el país. De ese grupo, aproximadamente 250.000 ya cuentan con un plan concreto para emigrar durante los próximos 12 meses.
Diez señaló que Venezuela todavía enfrenta condiciones estructurales que impulsan la migración y dificultan el regreso de quienes establecieron sus vidas en otros países. Según explicó, buena parte de la diáspora no contempla una vuelta inmediata, sino que espera garantías que permitan reconstruir sus proyectos personales y familiares.
Entre los factores que podrían facilitar el retorno, la representante destacó el acceso a empleos dignos, la seguridad personal, el funcionamiento de los servicios públicos, la estabilidad institucional y la posibilidad de entrar y salir de Venezuela legalmente.
Alertan sobre riesgos para los migrantes
Durante su intervención, Diez también llamó la atención sobre los peligros que enfrentan las personas que recurren a mecanismos irregulares para regresar a sus países de origen. En particular, advirtió sobre las redes de trata de personas que pueden aprovechar la vulnerabilidad de los migrantes para organizar retornos inseguros.
Asimismo, señaló la gravedad del reclutamiento y la utilización de menores de edad, una problemática que describió como una de las crisis más complejas e invisibilizadas de América Latina y el Caribe.
Estas preocupaciones refuerzan la necesidad de establecer mecanismos de protección que contemplen las condiciones específicas de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, así como los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres durante los procesos de movilidad humana.
Cooperación regional para proteger a la diáspora
Ante representantes de los países participantes, la Red de Sociedad Civil del Proceso de Quito presentó propuestas para fortalecer la integración socioeconómica, proteger a la niñez migrante y refugiada e incorporar la perspectiva de género en las políticas migratorias.
Por su parte, los 13 Estados miembros del Proceso de Quito reafirmaron su compromiso con los derechos de migrantes, refugiados y retornados, además de destacar la importancia de la cooperación regional.
Este mecanismo de diálogo reúne a países de América Latina y el Caribe para coordinar respuestas al desplazamiento venezolano, promover la regularización y facilitar la integración socioeconómica, así como el retorno seguro y voluntario.
Las cifras y los planteamientos expuestos reflejan dos desafíos simultáneos: las condiciones que todavía impulsan la salida de venezolanos y la necesidad de crear garantías concretas para quienes contemplan regresar.
