Costa Rica inaugura una megacárcel para 5.100 presos inspirada en el modelo de Bukele
La apertura del CACCO marca un cambio en la estrategia costarricense contra el crimen organizado. Su funcionamiento pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para reducir la violencia sin debilitar las garantías judiciales y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Costa Rica / Redacción Panas en Utah.- Costa Rica inauguró el 14 de octubre de 2026 el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad que busca frenar la expansión del narcotráfico y las disputas entre bandas criminales. La presidenta Laura Fernández encabezó la apertura y defendió una política de mayor rigor penal ante los elevados índices de homicidios que enfrenta el país.
El complejo, ubicado en San Rafael de Alajuela, junto al centro penitenciario La Reforma, requirió una inversión aproximada de 35 millones de dólares y cuenta con capacidad para albergar a 5.100 reclusos. Las autoridades prevén destinar sus instalaciones a personas consideradas de alta peligrosidad, entre ellas presuntos jefes de organizaciones criminales, sicarios y operadores del narcotráfico.
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Un modelo inspirado en la megacárcel salvadoreña
El diseño del CACCO toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La infraestructura costarricense comprende cinco módulos independientes y prioriza el aislamiento y el control estricto de los internos.
Las celdas cuentan con barrotes metálicos, paredes de cemento y superficies de espuma para dormir. Según los datos difundidos sobre el proyecto, cada recluso dispondrá de aproximadamente 1,5 metros cuadrados. Los internos también deberán utilizar uniformes naranjas y zapatos de caucho, una medida que busca limitar las diferencias de trato dentro del establecimiento.
Fernández confronta al Poder Judicial
La inauguración también evidenció las diferencias entre el Ejecutivo y el sistema judicial. Fernández cuestionó a jueces y fiscales, a quienes acusó de mantener una postura demasiado permisiva frente a la delincuencia. Ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia asistió al acto.
El debate ocurre mientras Costa Rica enfrenta un aumento de la violencia vinculada a las disputas territoriales por las rutas del narcotráfico. El país registró 905 homicidios en 2023, 876 en 2024 y 873 en 2025, según las cifras citadas en los reportes sobre seguridad.
Además, el Gobierno anunció su adhesión a la iniciativa estadounidense para catalogar como organizaciones terroristas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Familiares recurren a la Justicia
La nueva prisión también generó preocupación entre familiares de personas que podrían enfrentar traslados al complejo. A menos de un día de la inauguración, varios presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional para intentar detener las reubicaciones previstas para finales de octubre.
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Organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos advirtieron sobre posibles problemas relacionados con el espacio disponible, las condiciones de reclusión y las garantías del debido proceso.
La apertura del CACCO marca un cambio en la estrategia costarricense contra el crimen organizado. Su funcionamiento pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para reducir la violencia sin debilitar las garantías judiciales y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
