Organizaciones internacionales alertan sobre un aumento del riesgo de trata de personas tras la emergencia en Venezuela
Ante este panorama, ONU Mujeres solicitó una financiación inicial de tres millones de dólares para desarrollar programas de protección, atención en salud reproductiva y espacios seguros destinados a unas 15.000 mujeres y niñas durante los próximos meses.
Venezuela / Redacción Panas en Utah.- Las organizaciones humanitarias internacionales expresaron su preocupación por el incremento del riesgo de trata de personas y otras formas de explotación en las zonas afectadas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. La destrucción de viviendas, el desplazamiento masivo de familias y las limitaciones en los servicios básicos han creado un escenario que, según diversos organismos, favorece la acción de redes delictivas que buscan aprovechar la vulnerabilidad de la población.
ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la organización Plan International señalaron que las condiciones actuales requieren medidas urgentes de protección, especialmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes que permanecen en comunidades afectadas o en refugios temporales.
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Uno de los principales factores de preocupación corresponde a las condiciones de los albergues habilitados para atender a los damnificados. Más de 23.000 personas permanecen en campamentos temporales donde aún persisten deficiencias en materia de iluminación, controles de acceso y espacios diferenciados por género. Estas condiciones dificultan la protección de los grupos más vulnerables y aumentan la exposición a distintos tipos de violencia.
Al mismo tiempo, numerosas familias optaron por permanecer en plazas, terrenos abiertos y otros espacios informales debido a la falta de privacidad dentro de los refugios oficiales. Esta situación incrementa la dificultad para brindar asistencia humanitaria y refuerza los riesgos asociados con la inseguridad.
Las organizaciones también advirtieron sobre la situación de niños, niñas y adolescentes que quedaron separados de sus cuidadores durante la emergencia. La desorganización inicial y la pérdida de redes familiares facilitan que grupos criminales utilicen falsas ofertas de empleo, ayuda o alojamiento para captar a menores de edad.
El impacto sobre el sistema sanitario representa otro motivo de preocupación. Al menos 41 centros de salud sufrieron daños estructurales, situación que limitó el acceso a consultas prenatales, métodos anticonceptivos y servicios de atención para sobrevivientes de violencia sexual. Los organismos internacionales consideran prioritario restablecer estos servicios para reducir nuevos riesgos.
El balance oficial de la emergencia registra al menos 5.546 personas fallecidas y 16.740 heridas. Además, cerca de 18.000 familias perdieron sus viviendas, mientras millones de personas continúan expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad en las zonas afectadas.
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Ante este panorama, ONU Mujeres solicitó una financiación inicial de tres millones de dólares para desarrollar programas de protección, atención en salud reproductiva y espacios seguros destinados a unas 15.000 mujeres y niñas durante los próximos meses.
Las agencias humanitarias reiteraron que la respuesta a la emergencia debe incluir medidas de prevención contra la trata de personas, además del suministro de alimentos, atención médica y soluciones de alojamiento. Los organismos sostienen que la protección de la población vulnerable constituye una prioridad para evitar que la crisis humanitaria derive en nuevas formas de explotación.
