Nueve venezolanos admiten su responsabilidad en red de trata de personas que operó en Tennessee
Las autoridades federales mantienen abierta la vigilancia sobre redes de trata de personas que operan en distintos estados del país, con el objetivo de identificar nuevas víctimas, desarticular organizaciones similares y llevar a sus integrantes ante la justicia.
Tennessee / Redacción Panas en Utah.- Nueve venezolanos aceptaron su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos por integrar una organización dedicada a la trata de personas, el tráfico de migrantes y el lavado de dinero. El caso, que se desarrolló en el estado de Tennessee, expuso un esquema de explotación sexual que captaba a mujeres venezolanas mediante engaños y las sometía a condiciones de coerción una vez llegaban al país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que los acusados participaron en una estructura criminal que reclutó a mujeres en situación de vulnerabilidad con falsas ofertas de trabajo. Tras convencerlas de viajar, los integrantes de la organización facilitaron su ingreso irregular al territorio estadounidense y posteriormente las trasladaron a la ciudad de Nashville.
De acuerdo con la investigación, la red obligaba a las víctimas a pagar una supuesta deuda generada por el traslado y otros gastos relacionados con el viaje. Para saldar ese monto, las mujeres debían ejercer actividades de explotación sexual en distintos moteles, mientras los responsables retenían el dinero obtenido.
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Las autoridades identificaron como principales responsables de la organización a Yilibeth Carmen Rivero y a su hijo, Kleiver Daniel Mota. Según la acusación, Rivero incorporó a varios de sus hijos adultos y a las parejas de estos para ampliar las operaciones de la red criminal.
La investigación también determinó que los integrantes utilizaban amenazas constantes para mantener el control sobre las víctimas. Además de intimidarlas con armas de fuego, difundían la versión de que Mota pertenecía a una organización criminal venezolana y que había permanecido encarcelado por un homicidio en Venezuela. Con ese relato buscaban infundir miedo y evitar que las mujeres intentaran escapar o denunciar los hechos.
Los nueve acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer trata de personas con fines de explotación sexual, conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos con fines de lucro y conspiración para cometer lavado de dinero. La legislación estadounidense contempla para estos delitos penas que pueden alcanzar la cadena perpetua.
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El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló que las declaraciones de culpabilidad representan un avance importante en la lucha contra las organizaciones dedicadas a la explotación de personas. El funcionario sostuvo que los responsables obtuvieron beneficios económicos a costa del sufrimiento de mujeres vulnerables y afirmó que la protección de las víctimas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza forman parte de una misma estrategia para combatir este tipo de delitos.
Las autoridades federales mantienen abierta la vigilancia sobre redes de trata de personas que operan en distintos estados del país, con el objetivo de identificar nuevas víctimas, desarticular organizaciones similares y llevar a sus integrantes ante la justicia.
Con información de IRS
