Posible demanda busca frenar megaproyecto de detención de inmigrantes en Salt Lake City
El proyecto aún atraviesa procesos de evaluación dentro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las autoridades federales revisan varias propuestas similares en distintas regiones del país antes de tomar una decisión definitiva.
Salt Lake City / Redacción Panas en Utah.- Un grupo de abogados en Utah prepara una posible batalla legal contra los planes federales para construir uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes de Estados Unidos en Salt Lake City. La iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental, sanitario y social que podría generar una instalación con capacidad para albergar hasta 10.000 personas.
El abogado Jim McConkie, reconocido por su trabajo en defensa de refugiados e inmigrantes, confirmó que junto a otros miembros del bufete Parker & McConkie analiza distintas estrategias jurídicas para retrasar o impedir el desarrollo del proyecto impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
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“Nos encontramos en una fase de investigación preparatoria para determinar las posibles medidas legales”, explicó McConkie al referirse a los pasos que actualmente evalúa su equipo. Según indicó, los abogados estudian experiencias similares en otras ciudades del país donde organizaciones comunitarias y grupos de derechos civiles han intentado detener proyectos de detención migratoria mediante recursos judiciales.
La controversia comenzó después de que ICE adquiriera a principios de 2026 un almacén vacío ubicado en 6020 West 300 South por 145,44 millones de dólares. La agencia federal planea transformar el inmueble en un complejo destinado a recibir entre 7.500 y 10.000 detenidos, lo que lo convertiría en uno de los llamados “megacentros” de detención dentro del sistema migratorio estadounidense.
Funcionarios federales informaron previamente a la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, sobre las dimensiones del proyecto. Mientras algunas autoridades consideran que la instalación fortalecerá la capacidad operativa del gobierno para gestionar casos migratorios, otros sectores han manifestado profundas reservas.
McConkie figura entre los principales críticos de la propuesta. El abogado sostiene que una instalación de semejante magnitud podría enfrentar dificultades para garantizar servicios médicos adecuados y controlar la propagación de enfermedades entre miles de personas alojadas en un mismo espacio. También cuestiona el posible impacto ambiental derivado del consumo intensivo de agua en una región que ya enfrenta desafíos relacionados con la conservación del Gran Lago Salado.
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Según el jurista, una reducción adicional en los niveles de agua podría aumentar la exposición del lecho lacustre y favorecer la dispersión de partículas contaminantes en el aire. Estos argumentos podrían convertirse en algunos de los pilares de una futura demanda.
El proyecto aún atraviesa procesos de evaluación dentro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las autoridades federales revisan varias propuestas similares en distintas regiones del país antes de tomar una decisión definitiva.
Mientras avanza esa revisión, los opositores buscan enviar un mensaje claro a Washington: si el gobierno decide seguir adelante con el centro de detención en Utah, enfrentará una disputa legal que podría retrasar significativamente la ejecución de la obra y abrir un nuevo capítulo en el debate nacional sobre las políticas migratorias.
Con información de KSL
