Colombia ordena acelerar la deportación de venezolanos irregulares con registros judiciales en Bogotá
La decisión vuelve a colocar la migración venezolana en el centro del debate regional. Colombia recibió durante años a millones de venezolanos que salieron de su país por la crisis económica, política y social. Ahora, el Gobierno de De la Espriella plantea endurecer los controles contra quienes cometan delitos, mientras enfrenta el desafío de garantizar la seguridad sin desconocer los derechos de la población migrante.
Colombia / Redacción Panas en Utah.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, instruyó a Migración Colombia para agilizar los procedimientos de expulsión de ciudadanos venezolanos que permanezcan en situación migratoria irregular y registren antecedentes o participen en actividades delictivas en Bogotá. La decisión forma parte de una estrategia de seguridad que el Gobierno nacional coordina con las autoridades de la capital.
El mandatario impartió la orden el miércoles 28 de octubre, después de una reunión de seguridad con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, representantes de la cúpula militar y funcionarios de distintas instituciones. Durante el encuentro, las autoridades analizaron la situación migratoria y el impacto de las organizaciones criminales en la ciudad.
De la Espriella dirigió la instrucción al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, y anunció que su administración no demorará las medidas contra quienes incumplan las normas. “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación”, expresó el presidente.
Bogotá concentra a miles de venezolanos en situación irregular
Según cifras oficiales citadas por el Gobierno, Bogotá alberga a más de 148.000 ciudadanos venezolanos en condición migratoria irregular. Ante este escenario, De la Espriella anunció que fortalecerá la coordinación entre el Ejecutivo nacional y la Alcaldía para atender los controles migratorios y los problemas de seguridad.
El mandatario también identificó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua, Los Ingenieros y El Mesa entre las estructuras criminales que preocupan a las autoridades. Como parte de su estrategia, anunció reuniones mensuales de seguridad para evaluar resultados y establecer responsabilidades.
La medida genera atención sobre los derechos de los migrantes
La instrucción abre interrogantes sobre los criterios que utilizarán las autoridades para iniciar los procedimientos de expulsión. Hasta el momento, el mandatario no detalló qué tipo de anotaciones judiciales tomarán en cuenta ni cómo distinguirán los registros policiales de las condenas penales.
Esa diferencia resulta relevante: una anotación o captura no equivale necesariamente a una sentencia condenatoria. Además, las autoridades deberán aplicar los procedimientos administrativos correspondientes y respetar las garantías legales de cada persona.
La decisión vuelve a colocar la migración venezolana en el centro del debate regional. Colombia recibió durante años a millones de venezolanos que salieron de su país por la crisis económica, política y social. Ahora, el Gobierno de De la Espriella plantea endurecer los controles contra quienes cometan delitos, mientras enfrenta el desafío de garantizar la seguridad sin desconocer los derechos de la población migrante.
