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Marilú Paredes, de 66 años, la primera venezolana deportada de EE.UU. a África

La venezolana integraba un grupo de diez mujeres: ocho cubanas, una peruana y ella. Las detenidas creían que las trasladarían a otro centro de detención en Miami, pero terminaron en un vuelo que recorrió varios países africanos antes de llegar a su destino final.

Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- La deportación de Marilú Paredes, una venezolana de 66 años trasladada a Bangui, capital de la República Centroafricana, a finales de octubre de 2026, ha generado preocupación entre sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos. La mujer salió de Estados Unidos en un operativo migratorio que involucró a otras nueve latinoamericanas y ahora enfrenta la incertidumbre de permanecer en un país donde carece de vínculos personales y no domina el idioma.

Según los relatos difundidos por medios y familiares, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Paredes durante una presentación migratoria obligatoria en Luisiana. La venezolana integraba un grupo de diez mujeres: ocho cubanas, una peruana y ella. Las detenidas creían que las trasladarían a otro centro de detención en Miami, pero terminaron en un vuelo que recorrió varios países africanos antes de llegar a su destino final.

Las informaciones disponibles indican que el trayecto incluyó escalas en Senegal, Malí y Uganda. El caso también ha despertado interrogantes sobre las condiciones del traslado y las garantías legales que las autoridades estadounidenses aplicaron a las mujeres.

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Uno de los aspectos más delicados corresponde a la situación migratoria de Paredes. De acuerdo con las denuncias de su entorno, contaba con una protección conocida como Withholding of Removal, que impide la expulsión hacia un país donde la persona enfrenta determinados riesgos. Esa medida no equivale a una residencia permanente ni concede automáticamente protección frente al traslado a cualquier tercer país.

Su familia sostiene que las autoridades recurrieron a un destino alternativo y denuncia que el ICE retuvo su pasaporte. Hasta ahora, estos señalamientos requieren una respuesta oficial que permita aclarar las circunstancias de la operación y las opciones legales disponibles para la venezolana.

La distancia agrava la situación familiar. Paredes lleva más de cuatro décadas casada y su esposo permanece en Estados Unidos mientras se recupera de una intervención médica delicada que incluyó la amputación de la pierna izquierda. La separación impide que ambos afronten juntos este proceso.

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Ante este escenario, sus familiares impulsan campañas de recaudación de fondos y buscan asistencia jurídica para gestionar su regreso o una alternativa que le permita reunirse con sus seres queridos. También utilizan las redes sociales para divulgar el caso y solicitar apoyo.

La situación de Paredes plantea preguntas sobre las deportaciones a terceros países, el alcance de las protecciones migratorias y las garantías que deben acompañar estos procedimientos.

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