Derrumbe en una mina ilegal de oro deja 14 muertos en Colombia y reabre el debate sobre la seguridad minera
El accidente ocurrió en el departamento de Nariño, donde la minería ilegal crece bajo el control de grupos armados. Las autoridades también alertan sobre los daños ambientales y la falta de oportunidades económicas para las comunidades.
Colombia / Redacción Panas en Utah.- Un derrumbe en una mina ilegal de oro a cielo abierto dejó al menos 14 personas muertas y siete heridas el lunes 19 de octubre de 2026 en el suroeste de Colombia. La tragedia ocurrió en la vereda Bellavista, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño, una región cercana a la frontera con Ecuador.
Las autoridades locales informaron que los equipos de emergencia concluyeron las labores de búsqueda y rescate. El accidente vuelve a poner el foco sobre las condiciones precarias de la explotación aurífera informal y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en estos yacimientos.
Grupos armados y minería ilegal
La presencia de organizaciones criminales y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) complica las operaciones de control en la zona. Entre las estructuras que ejercen influencia en el territorio figura el Bloque Jacobo Arenas, cuya presencia dificultó el ingreso seguro de los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Minería.
Además de los problemas de seguridad, las autoridades de Nariño advierten sobre el crecimiento de la minería ilegal debido a sus elevados beneficios económicos. Según las cifras citadas por funcionarios regionales, un kilo de pasta base de cocaína alcanza aproximadamente cuatro millones de pesos colombianos, mientras que un kilo de oro puede llegar a los 400 millones.
Esta diferencia convierte la extracción aurífera en una actividad especialmente atractiva para las redes criminales que operan en territorios con escasa presencia institucional.
Riesgos laborales y daños ambientales
Los trabajadores de estas minas enfrentan condiciones extremas, sin infraestructura adecuada ni garantías básicas de seguridad laboral. La falta de controles aumenta el riesgo de derrumbes y otros accidentes que pueden provocar pérdidas humanas.
La actividad también genera consecuencias ambientales graves. La deforestación y el uso de mercurio contaminan los ecosistemas y las fuentes de agua, con efectos potenciales sobre la salud de las comunidades y la biodiversidad.
A estos factores se suma la falta de alternativas económicas. Voceros de la Gobernación de Nariño señalan que el debilitamiento de la minería artesanal tradicional y la escasez de oportunidades laborales empujan a numerosos habitantes a trabajar en explotaciones informales, incluso cuando conocen los peligros.
Una tragedia que se repite
El derrumbe del 19 de octubre ocurrió apenas dos meses después de otro accidente similar en Nariño, que dejó 13 fallecidos en agosto.
La repetición de estos episodios evidencia la necesidad de fortalecer la fiscalización minera, garantizar condiciones laborales seguras y ofrecer alternativas económicas sostenibles. Las autoridades también enfrentan el desafío de recuperar el control territorial en zonas donde los grupos armados aprovechan la rentabilidad del oro y la vulnerabilidad de las comunidades.
