Exmagistrada venezolana denuncia presiones para firmar la inhabilitación de María Corina Machado
Sus declaraciones reavivan el debate internacional sobre la independencia judicial, las garantías para los funcionarios públicos y el uso de mecanismos de presión dentro del sistema de justicia venezolano.
Venezuela / Redacción Panas en Utah.- La exmagistrada venezolana Bárbara César Siero denunció públicamente que recibió presiones para firmar decisiones judiciales con consecuencias políticas, entre ellas la sentencia que confirmó en enero de 2024 la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
César Siero, quien ocupó la vicepresidencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), expuso su versión en un video titulado “Cautivos del poder”. Según su relato, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a dos de sus hermanos, ambos militares, y a su cuñada el 15 de diciembre de 2023.
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La detención ocurrió el mismo día en que Machado acudió al TSJ para presentar un recurso contra la medida administrativa que le impedía participar en elecciones. César Siero aseguró que las autoridades no le informaron durante un período inicial dónde permanecían sus familiares ni cuál era su estado.
De acuerdo con la exmagistrada, la situación de sus allegados generó una presión directa sobre ella. Relató que funcionarios llevaron documentos hasta su despacho y que ella terminó firmando las decisiones bajo intimidación y temor por la integridad de sus familiares.
El caso adquirió una nueva dimensión semanas después. En enero de 2024, el fiscal general Tarek William Saab vinculó a los tres familiares con la denominada Operación Brazalete Blanco, investigación que las autoridades venezolanas presentaron como parte de un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro. En ese proceso también figuró la activista Rocío San Miguel.
César Siero calificó esa investigación como un montaje destinado a justificar las detenciones y ejercer presión sobre ella. Además, sostuvo que el episodio buscaba enviar un mensaje al resto de los integrantes del Poder Judicial.
La exmagistrada también describió consecuencias profesionales derivadas de su negativa a continuar bajo esas condiciones. Según su denuncia, presentó su renuncia en dos oportunidades y posteriormente el Parlamento formalizó su salida mediante la figura de “falta absoluta”. Esta decisión, afirmó, también afectó sus beneficios de jubilación.
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La situación de sus familiares continúa formando parte de sus señalamientos. César Siero afirmó que los tres recibieron condenas de entre tres y 12 años de prisión por delitos relacionados con conspiración y encubrimiento.
Tras hacer públicas sus acusaciones, la exfuncionaria responsabilizó al Estado venezolano por su seguridad y solicitó protección ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sus declaraciones reavivan el debate internacional sobre la independencia judicial, las garantías para los funcionarios públicos y el uso de mecanismos de presión dentro del sistema de justicia venezolano.
