22 estados demandan a Trump para frenar nueva regla que podría dificultar la obtención de la Green Card
Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- Una coalición integrada por 22 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para impedir la entrada en vigor de una nueva regla migratoria relacionada con la denominada “carga pública”. La norma podría comenzar a aplicarse el 18 de septiembre de 2026 y modificaría los criterios que utilizan las autoridades migratorias para evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza la acción judicial, que llegó el lunes 14 de septiembre al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los demandantes sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió las facultades que le otorgó el Congreso y cuestionan tanto el alcance como el propósito de la medida.
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La nueva regulación amplía los beneficios públicos que los funcionarios podrían considerar al analizar si un inmigrante podría convertirse en una “carga pública”. Entre ellos aparecen programas de asistencia que no entregan dinero directamente a los beneficiarios, como SNAP, conocido como cupones de alimentos; Medicaid, CHIP y determinados programas de vivienda.
Los estados argumentan que esta política puede generar un fuerte efecto disuasorio entre las familias inmigrantes. Según su planteamiento, muchas personas podrían renunciar a servicios esenciales por temor a perjudicar sus procesos migratorios, incluso cuando esos beneficios también cubren a sus hijos, incluidos menores con ciudadanía estadounidense.
El impacto también podría alcanzar las finanzas estatales. Los demandantes calculan que cerca de un millón de personas podrían abandonar programas públicos ante el temor de enfrentar consecuencias migratorias. Esa reducción provocaría, según sus estimaciones, una pérdida cercana a 2.200 millones de dólares en fondos federales destinados a programas de salud.
Nueva York, California e Illinois encabezan el grupo de estados que cuestiona la regulación. La coalición también incluye a Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Delaware, Maryland, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Colorado, Nuevo México, Nevada, Oregón, Washington y Hawái, además del Distrito de Columbia.
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La disputa judicial cuenta con otro frente. Un grupo de grandes ciudades, entre ellas Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle, presentó una demanda independiente contra la medida y planteó argumentos similares.
Las autoridades estatales consideran que la norma persigue un objetivo disuasorio y podría obligar a las familias a elegir entre acceder a servicios básicos y proteger sus procesos migratorios.
Con la fecha de entrada en vigor cada vez más cercana, los tribunales deberán determinar si la administración Trump puede implementar estos nuevos criterios o si las demandas consiguen detener la regulación antes de su aplicación.
