Según agencia internacional, Estados Unidos estaría preparando la mayor revocación de visas de su historia y pondría bajo la lupa a solicitantes de asilo
El plan podría enfrentar demandas en los tribunales federales una vez que el Gobierno formalice su implementación. El escenario jurídico ya presenta antecedentes recientes: una jueza federal anuló una política que suspendía la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países y concluyó que el Departamento de Estado había excedido sus facultades legales.
Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- La Administración de Donald Trump prepara una medida migratoria que podría afectar hasta 200.000 visas de turismo y negocios de extranjeros que solicitaron o iniciaron un trámite de asilo en Estados Unidos. El Departamento de Estado trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a los titulares de visas B1 y B2 que podrían entrar en el proceso.
Los documentos internos que cita una conocida agencia internacional indican que la revisión contempla visas emitidas entre 2016 y 2026. Las autoridades consideran que algunos extranjeros utilizaron permisos destinados a estadías temporales para ingresar al país y posteriormente solicitar protección con la intención de permanecer de manera permanente.
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El Departamento de Estado sostiene que busca combatir lo que considera un uso indebido del sistema de asilo. Christopher Landau, subsecretario de Estado, cuestionó públicamente las solicitudes que, según su postura, utilizan el asilo como una vía para eludir las normas migratorias.
La medida contempla dos categorías principales. Las visas B1 corresponden generalmente a viajes de negocios, mientras que las B2 se destinan al turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos. La Administración todavía no ha confirmado oficialmente la cifra de 200.000 revocaciones. Funcionarios señalaron que el número puede cambiar a medida que avance la revisión.
La revocación no implica una deportación inmediata
La pérdida de una visa B1 o B2 no significa automáticamente que una persona deba abandonar Estados Unidos. Según funcionarios citados por el medio, quienes mantengan solicitudes de asilo pendientes podrían conservar sus procesos bajo otras categorías migratorias, aunque perderían su condición de visitantes por negocios o turismo.
El anuncio se incorpora a una política migratoria más restrictiva impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado más de 175.000 visas por distintos motivos, entre ellos delitos, fraude y presuntas violaciones de las condiciones migratorias.
La Administración también ha incrementado los requisitos para determinados solicitantes y ha ampliado el escrutinio sobre información personal, incluidos antecedentes en redes sociales.
Una nueva batalla legal
El plan podría enfrentar demandas en los tribunales federales una vez que el Gobierno formalice su implementación. El escenario jurídico ya presenta antecedentes recientes: una jueza federal anuló una política que suspendía la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países y concluyó que el Departamento de Estado había excedido sus facultades legales.
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Con este nuevo plan, el Gobierno de Trump profundiza su estrategia de control migratorio mientras organizaciones defensoras de los inmigrantes preparan posibles acciones legales. La decisión final sobre el alcance de las revocaciones dependerá de las directrices que establezca el Departamento de Estado y de los procesos judiciales que puedan surgir.
