Defensor del Pueblo de España analiza 450 casos de víctimas de abuso sexual en la Iglesia Católica
España.- La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo en España analiza 450 expedientes de posibles casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica, en el marco del protocolo de atención a las víctimas acordado con los obispos, que entró en vigor el 15 de abril de 2026.
Según informó la Oficina del Defensor del Pueblo, 149 de los expedientes ya se encuentran en fase de tramitación, esto es, «en el final del proceso por el que se reconoce la condición de víctima y se fija la reparación».
Desde la entrada en vigor del protocolo hasta el 31 de julio, los miembros de la Unidad de Víctimas realizaron entrevistas personalizadas a 105 afectados y se han rechazado cuatro, «por estimarse que la solicitud no se corresponde con el objeto de trabajo establecido en el Protocolo».
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La Oficina del Defensor del Pueblo, se recuerda cómo su titular, Ángel Gabilondo, ha reiterado que “con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños”.
“No es un mero trámite burocrático cosificador, sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano”, subraya.
Tanto la Conferencia Episcopal Española (CEE) como la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), pactaron en enero de 2026 la creación de un canal complementario de atención y reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica.
El protocolo establece que la Unidad de Víctimas deberá elaborar un informe de cada caso en el plazo ordinario de tres meses. En él, se realiza una propuesta de reparación simbólica y económica que ha de ser evaluada por la Comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA) de la Iglesia Católica.
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En caso de desacuerdo por cualquiera de las partes, el caso se lleva a una instancia superior formada por representantes del Gobierno, la CEE y CONFER, así como de asociaciones de víctimas de abusos, que deberá alcanzar un acuerdo unánime.
Si no fuera posible, tras un último esfuerzo de consenso, que involucraría a los presidentes de la CEE y CONFER, el Defensor del Pueblo tomaría una resolución unilateral inapelable.
Con información de Nicolás de Cárdenas de Aciprensa
