Provea recuerda la obligación del Estado venezolano de proteger los derechos humanos tras la emergencia por los terremotos

Venezuela / Redacción Panas en Utah.- Mientras continúan las labores de rescate y asistencia a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, Provea y distintos sectores de la sociedad han insistido en que la respuesta a la emergencia no puede limitarse únicamente a la ayuda humanitaria. También consideran indispensable que el Estado cumpla plenamente con sus obligaciones en materia de derechos humanos para atender a la población damnificada.

En medio de la respuesta humanitaria que actores internacionales y de la sociedad civil venezolana están brindando tras el desastre ocasionado por los terremotos, es necesario recordar que el Estado debe atender, sin excusas, sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.… pic.twitter.com/e9I5ve6NNR

— PROVEA (@_Provea) July 1, 2026

El desastre dejó a miles de personas en una situación de alta vulnerabilidad. Muchas familias perdieron sus viviendas, sus fuentes de ingreso y el acceso a servicios básicos, lo que agravó las dificultades que ya enfrentaban antes de la emergencia. Entre las principales necesidades identificadas figuran el acceso a alimentos, atención médica, agua potable, educación, vivienda, empleo, vestido y servicios públicos adecuados.

Especialistas en derechos humanos sostienen que las autoridades deben adoptar medidas inmediatas para reducir los riesgos que afectan a la población desplazada. Asimismo, consideran necesario destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar condiciones de vida dignas durante el proceso de recuperación.

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Las organizaciones también recordaron que experiencias anteriores relacionadas con desastres naturales evidenciaron deficiencias en la respuesta institucional. Según esos antecedentes, numerosas familias enfrentaron retrasos en la atención, dificultades para acceder a soluciones habitacionales y limitaciones en la restitución de sus derechos, circunstancias que profundizaron la situación de quienes ya habían resultado afectados por la emergencia.

Ante este escenario, diversos sectores solicitaron que las acciones oficiales se desarrollen con rapidez, coordinación y transparencia. Entre las prioridades planteadas figura la elaboración de un censo actualizado que permita identificar a todas las personas que perdieron sus viviendas y conocer el alcance real de los daños ocasionados por los movimientos telúricos.

Las propuestas también incluyen la realización de inspecciones técnicas en edificios e infraestructuras que presentan afectaciones estructurales, con el propósito de determinar cuáles inmuebles ofrecen condiciones seguras y cuáles requieren demolición o rehabilitación.

Otro de los puntos considerados fundamentales consiste en la habilitación de centros temporales de alojamiento para las familias desplazadas, con espacios que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, higiene y atención integral mientras avanzan los procesos de reconstrucción.

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Asimismo, las organizaciones destacaron la importancia de proteger el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes cuyas actividades escolares resultaron interrumpidas por el desastre. Para ello, plantean la implementación de medidas que permitan mantener la continuidad educativa durante la emergencia.

Finalmente, los especialistas señalaron la necesidad de diseñar un plan integral para la recuperación de las zonas afectadas. Dicho programa debería contemplar soluciones habitacionales permanentes, la restitución progresiva de los servicios públicos esenciales y mecanismos de seguimiento que permitan garantizar el respeto de los derechos de las personas afectadas a lo largo de todo el proceso de reconstrucción.