Venezuela

Muerte de recluso en prisión de Táchira eleva a 27 los fallecimientos registrados en cárceles venezolanas en 2026

Las organizaciones que monitorean la situación penitenciaria recordaron que las personas privadas de libertad dependen completamente del Estado para garantizar su alimentación, atención sanitaria y condiciones básicas de vida. Por ello, insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección dentro de los recintos penitenciarios y atender de manera urgente las deficiencias que afectan a la población reclusa en Venezuela.

Venezuela / Redacción Panas en Utah.- La muerte de Yonny José Bastidas Briceño en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, volvió a poner en evidencia las condiciones que enfrentan miles de personas privadas de libertad en Venezuela. Organizaciones dedicadas al monitoreo de la situación penitenciaria confirmaron el fallecimiento durante el mes de junio y señalaron la falta de atención médica como uno de los factores determinantes en el desenlace.

Según la información difundida, Bastidas Briceño presentó una peritonitis aguda junto a otras complicaciones de salud que requerían atención especializada. Sin embargo, las condiciones existentes dentro del recinto dificultaron el acceso oportuno a los servicios médicos necesarios.

El Centro Penitenciario de Occidente I alberga a más de 1.400 internos. Esa cifra supera ampliamente la capacidad instalada del establecimiento y genera un nivel de hacinamiento superior al 165 %, una situación que organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera reiterada durante los últimos años.

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Con este fallecimiento, la cifra de personas que perdieron la vida en centros de reclusión venezolanos entre abril y junio de 2026 ascendió a 27 casos. Los registros elaborados por organismos de seguimiento penitenciario muestran una tendencia preocupante relacionada con la atención sanitaria dentro de las cárceles del país.

Durante junio también se reportaron otras tres muertes de personas privadas de libertad. Entre ellas figuran Yosevet de Jesús Lozada, recluido en Rodeo III; Alberto Rafael Solarte Cabrera, quien permanecía en el Centro de Reclusión Doctor Francisco Delgado, conocido anteriormente como la cárcel de El Marite, en el estado Zulia; y Fabiana Desiree Páez Fernández, interna del centro penitenciario La Crisálida. Su caso marcó el primer fallecimiento femenino registrado en ese establecimiento.

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Diversos informes especializados han advertido sobre las consecuencias que genera la insuficiencia de servicios médicos en las cárceles venezolanas. Un informe anual correspondiente a 2025 indicó que el 95% de las muertes registradas en los centros penitenciarios del país guardó relación con la falta de atención médica adecuada.

Las organizaciones que monitorean la situación penitenciaria recordaron que las personas privadas de libertad dependen completamente del Estado para garantizar su alimentación, atención sanitaria y condiciones básicas de vida. Por ello, insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección dentro de los recintos penitenciarios y atender de manera urgente las deficiencias que afectan a la población reclusa en Venezuela.

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