Nicolás Maduro y Cilia Flores alegan falta de recursos en tribunal de Nueva York y piden anular el caso
Mientras el tribunal evalúa los argumentos, la causa avanza hacia una audiencia clave en la que se definirá si el proceso continúa bajo las condiciones actuales o si se introducen cambios en el acceso a la defensa legal.
Redacción Panas en Utah.- El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentaron declaraciones juradas ante un tribunal federal en Nueva York en las que aseguraron no contar con recursos económicos para financiar su defensa legal en el proceso por narcoterrorismo que enfrentan en Estados Unidos.
La pareja solicitó al juez Alvin Hellerstein la desestimación de los cargos o, en su defecto, la autorización para que terceros asuman el pago de los honorarios de sus abogados. La defensa argumentó que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquean el acceso a fondos vinculados al Estado venezolano, lo que impide cubrir los costos de representación privada.
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Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly sostuvieron que esta restricción vulnera el derecho constitucional a elegir defensa, contemplado en la Sexta Enmienda de Estados Unidos. Según su planteamiento, la negativa del Departamento del Tesoro a autorizar el uso de recursos afecta directamente la equidad del proceso judicial.
El caso se desarrolla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico, conspiración para importar cocaína y otros delitos asociados. La próxima audiencia se celebrará el 26 de marzo, tras un aplazamiento por razones logísticas acordado entre las partes.
La defensa insiste en que Maduro carece de fondos personales suficientes para costear el proceso. Además, cuestiona la decisión de las autoridades estadounidenses de revocar una autorización inicial que permitía el uso de recursos estatales para cubrir los gastos legales. Este cambio, según los abogados, limita de forma sustancial las opciones del acusado para sostener su estrategia jurídica.
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Por su parte, fiscales federales han rechazado estos argumentos y sostienen que la restricción responde a la política del gobierno estadounidense de no reconocer el acceso a fondos estatales en este contexto. También señalan que los acusados podrían utilizar recursos personales para su defensa.
El proceso judicial mantiene implicaciones políticas y legales de alto impacto. La solicitud presentada ante el tribunal coloca en el centro del debate el alcance de las sanciones económicas y su efecto en los derechos procesales de los acusados.
Mientras el tribunal evalúa los argumentos, la causa avanza hacia una audiencia clave en la que se definirá si el proceso continúa bajo las condiciones actuales o si se introducen cambios en el acceso a la defensa legal.
