Venezuela estrena ley de amnistía bajo mando de Delcy Rodríguez: Una apuesta hacia la “reconciliación”
La puesta en marcha de esta ley marca un momento clave en el proceso político venezolano, en un contexto de cambios profundos tras la salida del poder de Maduro y la búsqueda de vías hacia el diálogo y la reconciliación social.
Venezuela / Redacción Panas en Utah.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó y promulgó una extensa ley de amnistía general que busca revisar y potencialmente liberar a personas detenidas por motivos políticos durante las últimas décadas en el país. La norma fue aprobada por unanimidad en la legislatura nacional y entró en vigor pocas horas después de su sanción parlamentaria.
El nuevo cuerpo legal ordena la revisión inmediata de expedientes vinculados con confrontaciones políticas desde 1999 y abre la puerta a que opositores, activistas, defensores, periodistas y abogados que permanecen tras las rejas por causas políticas puedan acogerse a sus beneficios. Rodríguez calificó la ley como un paso crucial hacia un país más reconciliado. “Hay que saber pedir perdón y también recibir perdón”, afirmó durante la ceremonia en el palacio presidencial de Miraflores, donde destacó la necesidad de “vivir juntos de forma democrática y pacífica”.
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La aprobación de esta ley representa un cambio en la política venezolana. Durante años, las autoridades negaron sistemáticamente la existencia de presos políticos, y el proceso de liberaciones era limitado o parcial. Sin embargo, tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas, la administración de Rodríguez inició una nueva etapa con medidas orientadas a revertir decisiones previas y aliviar tensiones políticas.
Los familiares de detenidos y organizaciones sociales celebraron inicialmente la promulgación de la ley. Algunos grupos habían mantenido huelgas de hambre y protestas para exigir la puesta en libertad de sus seres queridos, quienes pasaron años en centros de detención por participar en protestas o ser señalados por el gobierno como opositores.
No obstante, la nueva ley no cubre a todas las personas que reclaman justicia. El texto excluye a quienes promovieron acciones armadas o intervenciones externas contra el Estado, así como a quienes cometieron delitos graves como homicidio, corrupción o violaciones de derechos humanos, según las disposiciones legales acordadas en la Asamblea. Algunas organizaciones de derechos humanos consideran estas exclusiones un obstáculo para la plena reconciliación nacional.
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Además, la normativa establece que los tribunales deben decidir sobre las solicitudes de amnistía en un plazo determinado, lo que introduce un mecanismo de control judicial que algunos activistas consideran restrictivo. Pese a ello, las autoridades aseguran que la ley puede convertirse en una herramienta para aliviar las tensiones que marcaron la vida política venezolana durante casi tres décadas.
La puesta en marcha de esta ley marca un momento clave en el proceso político venezolano, en un contexto de cambios profundos tras la salida del poder de Maduro y la búsqueda de vías hacia el diálogo y la reconciliación social.
