IPYS Venezuela: El 3 de enero y los silencios estructurales en Venezuela
Analizar estas omisiones no implica solamente reconstruir los hechos ausentes, sino comprender cómo el poder opera hoy menos a través de la censura directa y más mediante la creación de un entorno donde informar se vuelve, sistemáticamente, una actividad de alto riesgo.
Venezuela.- La pérdida de músculo periodístico en Venezuela es el resultado de la intervención deliberada del Estado venezolano para crear y mantener un ecosistema mediático e informativo que amenaza la cobertura periodística independiente, y configura una infraestructura ideologizada adversa a la libertad de expresión y el derecho a la información. Durante los acontecimientos del 3 de enero de 2026, este fenómeno se expresó con absoluta nitidez.
En la madrugada de ese día, aproximadamente a las 2:00 a. m., se registraron en Caracas fuertes explosiones acompañadas de ruidos de sobrevuelo de aeronaves de fuerzas militares estadounidenses, hechos constatados por periodistas locales y de agencias y medios internacionales presentes en la capital.
Lee también: “Sin información no hay derechos” IPYS Venezuela lanza campaña en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos
Mientras los sonidos aéreos y de bombardeos continuaban y aumentaban la alarma y la confusión entre la población, alrededor de las 3:00 a. m., el gobierno venezolano difundió un comunicado en el que el presidente Nicolás Maduro ordenó la implementación de un decreto que declaraba el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.
Poco después, el ministro de defensa Vladimir Padrino López responsabilizó a Estados Unidos de los bombardeos y denunció lo ocurrido ante la comunidad internacional y los organismos multilaterales. Hasta pasadas las 5:00 a. m., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que se había ejecutado una operación militar y anunció la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
De manera paralela, circulaban en redes sociales imágenes y videos no verificados que mostraban incendios de gran magnitud y columnas de humo. Sin embargo, en las horas críticas, no hubo información oficial clara, oportuna y verificable sobre el origen, alcance o consecuencias de lo ocurrido, lo que dejó a la ciudadanía sin datos esenciales en un momento de alta incertidumbre.
Esta omisión no sólo se manifestó como un silencio absoluto, sino como una cobertura vaciada de elementos clave, de eventos sin contexto, sin atribución clara de responsabilidades, y se difundieron versiones oficiales sin contraste ni verificación independiente.
En paralelo, operó una inhibición informativa como un mecanismo más profundo, difuso y difícil de rastrear. Periodistas, medios, fuentes institucionales y testigos actuaron en las primeras horas bajo una lógica de autocontención preventiva, evaluando no solo la veracidad de la información disponible, sino los riesgos asociados a su publicación, incluidos los costos legales, físicos y digitales.
A esta dinámica se sumaron limitaciones materiales estructurales que caracterizan el deshecho tejido comunicacional independiente que existe en Venezuela: redacciones reducidas, falta de equipos de protección, ausencia de respaldo legal, restricciones de movilidad y escasez de recursos técnicos. Todo ello restringe la posibilidad de realizar coberturas en contextos de alto riesgo.
En este escenario, no fue necesaria una orden explícita de censura. El propio entorno produjo las condiciones para que la prudencia extrema y el silencio se consolidaran como prácticas dominantes.
En Venezuela, la censura constituye una política de Estado y la inhibición de las funciones periodísticas actúa, con frecuencia, como un mecanismo de preservación de la integridad personal, la libertad y la vida de quienes ejercen el periodismo.
Este contexto de inhibición no fue únicamente perceptible en el plano editorial, sino que se tradujo en acciones directas contra el ejercicio periodístico. Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional el lunes 5 de enero, en Caracas, el Sindicato Nacional fueron detenidos 14 periodistas y trabajadores de la prensa, de los cuales 13 pertenecían a agencias y medios internacionales y uno a un medio nacional. De ese grupo, 13 fueron liberados horas después sin haber sido presentados ante tribunales, mientras que uno fue deportado. Durante las detenciones, se documentaron revisiones arbitrarias de equipos de trabajo, así como el desbloqueo forzado de teléfonos móviles, el rastreo de llamadas, mensajes en aplicaciones de mensajería y redes sociales, prácticas que constituyen graves vulneraciones a la privacidad, a la protección de las fuentes y a la libertad de prensa.
De forma paralela, dos reporteros, uno de nacionalidad española y otro colombiana— fueron detenidos en la frontera entre Cúcuta y San Antonio. Tras permanecer varias horas incomunicados, ambos fueron liberados y regresaron a Colombia. Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de persecución sostenida contra la prensa: 23 periodistas y trabajadores de medios permanecen detenidos en Venezuela, un saldo alarmante que refuerza la exigencia de garantías efectivas para el ejercicio libre del periodismo y el cese inmediato de la criminalización de la labor informativa.
Los medios independientes han jugado un papel clave, aunque condicionado. Algunos documentaron los hechos, verificaron testimonios ciudadanos, advirtieron sobre fallas de servicios básicos y contrarrestaron la propagación de rumores. Sin embargo, su margen de acción estuvo severamente restringido por el debilitamiento del ecosistema mediático, la falta de acceso a fuentes oficiales, la interrupción de servicios eléctricos y de internet, y la necesidad de priorizar la seguridad de sus equipos. En muchos casos, la cobertura se limitó a alertas parciales, reportes prudentes o confirmaciones tardías, evidenciando las condiciones adversas bajo las cuales se ejercen su labor informativa.
La alianza formada por los portales digitales independientes Runrunes, Tal Cual, El Pitazo (que integran la Alianza Rebelde Investiga ARI), Efecto Cocuyo, Cazadores de Fake News, Caracas Chronicles, El Bus TV, realizó una cobertura de más de 10 horas de transmisión por streaming los días domingo 4 y lunes 5 de enero, que se convirtió en la ventana informativa de una audiencia ávida del relato periodístico verificado que no encuentran en los medios tradicionales de radio y televisión de señal abierta, en la prensa y al que tampoco pueden acceder por los bloqueos a canales internacionales de noticias censurados en Venezuela.
En algunas regiones de Venezuela, como en el estado Sucre, los periodistas recibieron una instrucción formal de la Gobernación del estado Sucre, emitida en el marco del decreto de estado de conmoción exterior, mediante la cual se activó un Protocolo de Contingencia Comunicacional Regional. La directriz ordenó a todas las emisoras públicas, privadas y comunitarias, conectarse de manera obligatoria a una transmisión oficial específica, estableció franjas horarias de retransmisión ininterrumpida y condicionó la difusión de información a contenidos “verificados y alineados con la transmisión oficial”. Aunque presentada bajo el argumento de garantizar una línea informativa unificada y evitar la generación de alarma, esta medida reduce de facto el margen editorial de los medios locales y limita la posibilidad de contrastar versiones, incorporar fuentes independientes o reportar de forma autónoma sobre los hechos.
Lee también: IPYS Venezuela presenta la “Red de Periodistas de Investigación de Venezuela (RPI)”
Por su parte, la pauta informativa de Venezolana de Televisión (VTV) evidenció un patrón de omisión inicial y amplificación unidireccional posterior. Durante las primeras horas de los hechos, el canal mantuvo al aire contenido pregrabado, sin ofrecer información en tiempo real. Tras la difusión del comunicado oficial, la cobertura se concentró en la retransmisión reiterada de declaraciones oficiales de altos funcionarios y en la promoción de marcos políticos alineados con la narrativa oficialista, sin incorporar datos verificables sobre las afectaciones. El día 5 de enero, la cuenta oficial del Ejército de Venezuela en Instagram publicó un reel en homenaje a los 16 militares venezolanos caídos durante la operación. Los primeros datos sobre fallecidos fueron difundidos por portales de noticia independientes como Monitor de Víctimas.
En Venezuela, la reducción del número de medios operativos, la precarización laboral de periodistas y la criminalización de la cobertura crítica han eliminado la posibilidad de contrastar versiones y corregir errores. En ese contexto, cada evento de alta tensión, como el del 3 de enero, encuentra a la sociedad con menos registros de la realidad disponibles y confiables. La consecuencia es una cobertura más dependiente de pocas fuentes, más vulnerable a la narrativa oficial y más propensa a la desinformación y la autocensura preventiva.
La censura y la autocensura no sólo afecta la libertad de expresión de periodistas y medios, sino que lesiona directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna y verificable, derechos amparados en los artículos 57 y 58 de la Constitución, especialmente en situaciones que pueden comprometer la seguridad, la integridad física o el orden público. La ausencia de datos claros sobre afectaciones, actuaciones de los cuerpos de seguridad, detenciones o riesgos concretos limita la posibilidad de exigir rendición de cuentas y debilita los mecanismos de control democrático.
Los acontecimientos del 3 de enero de 2026 funcionan, así, como un evento espejo del estado actual del espacio informativo venezolano. No se trata únicamente de lo que ocurrió ese día, sino de lo que fue posible contar sobre lo ocurrido. La combinación de miedo, precariedad estructural, control institucional del relato y fallas técnicas produjo un escenario en el que el silencio, la ambigüedad y la postergación informativa se volvieron dominantes.
Analizar estas omisiones no implica solamente reconstruir los hechos ausentes, sino comprender cómo el poder opera hoy menos a través de la censura directa y más mediante la creación de un entorno donde informar se vuelve, sistemáticamente, una actividad de alto riesgo.
Comunicado de Prensa IPYS Venezuela
