Investigación penal sacude a la Reserva Federal en medio de tensiones con la Casa Blanca
El futuro de la investigación queda ahora en manos del Departamento de Justicia, que continúa recopilando testimonios y documentación. Los próximos meses definirán si el caso avanza hacia cargos formales o si la polémica se diluye en medio de un escenario político cada vez más polarizado.
Redacción Panas en Utah.- Estados Unidos enfrenta un nuevo capítulo de tensión institucional tras la apertura de una investigación penal federal sobre la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, a raíz del proyecto de renovación valuado en 2.500 millones de dólares de la sede central del organismo en Washington. El proceso legal se desarrolla mientras la relación entre la autoridad monetaria y el Gobierno atraviesa uno de sus momentos más ríspidos de los últimos años.
Los fiscales analizan presuntas irregularidades en los contratos, asignaciones presupuestarias y mecanismos de aprobación vinculados a la remodelación. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores solicitaron documentos técnicos y administrativos que detallan costos, licitaciones y criterios de adjudicación. Diversos actores del mercado siguen el proceso con atención, ya que el gasto proviene de recursos internos de la entidad y no del presupuesto del Congreso, lo que otorga al proyecto un marco administrativo particular.
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Powell reaccionó con dureza ante la apertura del expediente judicial y calificó la ofensiva legal como un “pretexto” político. El economista sostuvo que la Casa Blanca intenta utilizar la investigación para presionar a la Fed en materia de tasas de interés. También afirmó que enfrenta “amenazas y presiones constantes” de la administración, que interpreta las decisiones del banco central como un obstáculo para su estrategia económica de corto plazo.
El debate sobre el costo del proyecto ya se encontraba instalado desde meses atrás, debido al aumento sostenido del presupuesto original. La Fed justificó la inversión con argumentos vinculados a la seguridad, la modernización tecnológica y la eficiencia energética del edificio histórico. Portavoces del organismo remarcaron que los costos se alinean con estándares de construcción pública en el Distrito de Columbia y recordaron que la sede del banco central no recibe fondos del Tesoro.
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Mientras tanto, diversos legisladores solicitaron audiencias y pidieron transparencia total en los procesos de contratación. Algunos economistas consideran que el caso podría escalar hacia un conflicto institucional mayor si el Gobierno intenta vincular el expediente penal con la política monetaria. La independencia del banco central constituye un pilar del sistema financiero estadounidense, y cualquier interferencia directa genera inquietud en Wall Street.
El futuro de la investigación queda ahora en manos del Departamento de Justicia, que continúa recopilando testimonios y documentación. Los próximos meses definirán si el caso avanza hacia cargos formales o si la polémica se diluye en medio de un escenario político cada vez más polarizado.
Con información de CNN
