La filtración de una llamada entre Trump y Maduro coloca a los cuerpos de seguridad venezolanos ante una decisión histórica
Diversas voces coinciden en que quienes no se han involucrado en delitos pueden influir de manera determinante en el rumbo político del país. La pregunta permanece abierta: ¿Qué camino tomarán los funcionarios que aún conservan su integridad?
Redacción Panas en Utah.- La supuesta filtración de una conversación entre Nicolás Maduro y Donald Trump, en la que el mandatario venezolano habría pedido garantías para abandonar el poder, impulsa un debate urgente dentro de los cuerpos de seguridad del país. El contenido del reporte llega en un momento en el que Estados Unidos mantiene advertencias directas contra el llamado “Cártel de los Soles”, lo que incrementa la presión sobre las fuerzas armadas y policiales, que hoy enfrentan un dilema: sostener a un régimen cada vez más cuestionado o priorizar la protección de la ciudadanía.
En las calles, una gran parte de los venezolanos evita acercarse a funcionarios policiales y militares. Numerosos testimonios describen más miedo que confianza. Organizaciones de derechos humanos han registrado episodios recientes de represión, denuncias por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante operativos.
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El descontento también se refleja en redes sociales, donde circulan videos y relatos que señalan abusos de autoridad y prácticas de “matraqueo”, un término popular que identifica la extorsión cometida por algunos funcionarios. La prolongada crisis económica golpea a los trabajadores del sector seguridad y profundiza la vulnerabilidad institucional.
En medio de este escenario, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el gobierno no tolerará actos de extorsión dentro de la Policía Nacional Bolivariana ni en otros cuerpos de seguridad. Aun así, declaraciones recogidas por diversos medios describen una situación más compleja. Un funcionario del estado Mérida, con más de dos décadas de servicio, explicó a El Nacional las dificultades que enfrenta:
“Desde que me gradué de bachillerato en 2005, mi sueño era servir a mi país. Pero hoy es muy difícil sobrevivir con el salario. Lo que recibimos en las alcabalas, generalmente alimentos que transportan los ciudadanos, nos ayuda a llevar comida a nuestras casas. Incluso en los Puntos de Atención al Ciudadano comemos de lo que recolectamos porque no abastecen como debería”.
El teniente también mencionó que no se siente en libertad para expresar su descontento. “Debo callar para sobrevivir. Sabemos las consecuencias de oponerse al sistema. Por eso muchos compañeros han desertado”. Sus palabras coinciden con una investigación de la periodista Sebastiana Barráez, que reporta la expulsión de 1.473 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
El gobierno insiste en que las fuerzas de seguridad mantienen cohesión ante amenazas externas, pero el funcionario consultado manifestó incredulidad. “Cuando caiga el primer misil, yo salgo huyendo”, dijo, dejando al descubierto el desgaste emocional que afecta a muchos uniformados.
El general retirado Narciso Emilio Ascanio Tovar señaló en una entrevista con Gladys Rodríguez que existe un sector de la Fuerza Armada que no ha participado en violaciones de derechos humanos y que hoy enfrenta una decisión decisiva para su futuro profesional y moral.
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La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, también dirigió un mensaje directo a los cuerpos de seguridad: “Ciudadano militar, ciudadano policía: ha llegado la hora de la definición”.
Diversas voces coinciden en que quienes no se han involucrado en delitos pueden influir de manera determinante en el rumbo político del país. La pregunta permanece abierta: ¿Qué camino tomarán los funcionarios que aún conservan su integridad?
Con información de El Nacional
