Condena a la doctora Marggie Orozco provoca fuertes críticas y reabre el debate sobre la libertad de expresión en Venezuela
El caso de Marggie Orozco reactivó discusiones sobre el uso del aparato judicial frente a manifestaciones de opinión, en un momento en el que múltiples organizaciones alertan sobre un ambiente restrictivo para voces críticas.
Redacción Panas en Utah/ Venezuela. – El anuncio de una sentencia de 30 años contra la doctora Marggie Orozco el pasado 16 de noviembre generó un impacto inmediato en distintos sectores del país. Su caso tomó relevancia nacional después de que circulara un audio de WhatsApp en el que, según la acusación, cuestionaba la gestión de Nicolás Maduro. A partir de ese momento, la médica enfrentó un proceso judicial que encendió la preocupación de organizaciones, activistas y figuras políticas.
El Comité por la libertad de los luchadores sociales reaccionó de forma contundente y afirmó en sus plataformas que el caso expone la criminalización de la opinión. La organización señaló que la situación “muestra la saña del régimen” y destacó que en Venezuela existe un “delito de opinión”, comparando el escenario con prácticas de antiguas dictaduras. Sus declaraciones sumaron fuerza al debate sobre los límites de la expresión en el país.
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El exparlamentario César Pérez Vivas también cuestionó la condena y explicó que la denuncia surgió de la encargada del CLAP en la comunidad de San Juan de Colón, en el estado Táchira. Aseguró que la acusación se originó por “un simple audio de WhatsApp sobre las elecciones del 28 de julio”, lo que calificó como una muestra del uso desproporcionado del sistema judicial. Pérez Vivas destacó que la sentencia, emitida por la juez Luz Dary Moreno, “ataca a una persona que enfrenta graves problemas de salud” y recordó que la defensa de la libertad de expresión no constituye un delito en ningún sistema democrático.
Información difundida por Es Noticia Vzla indica que la detención de Orozco ocurrió el 5 de agosto de 2024. Meses después, el 6 de diciembre, las autoridades la trasladaron al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana. Diversas ONG han documentado que la médica sufrió dos infartos en los últimos dos años; el más reciente en septiembre de 2024, cuando ya permanecía bajo custodia.
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El caso de Marggie Orozco reactivó discusiones sobre el uso del aparato judicial frente a manifestaciones de opinión, en un momento en el que múltiples organizaciones alertan sobre un ambiente restrictivo para voces críticas. Mientras tanto, familiares, defensores y activistas insisten en que la situación merece una revisión urgente, especialmente por el estado de salud de la médica y por las implicaciones que este juicio plantea para el derecho a expresarse sin represalias en el país.
