Denuncia tres días de allanamientos, abusos y extorsión por parte de agentes del régimen venezolano tras doble asesinato en Barinas
La comunidad de Arismendi continúa con miedo, mientras organizaciones de derechos humanos se preparan para documentar los hechos y elevar las denuncias ante instancias nacionales e internacionales.
Barinas, Venezuela.- La tranquilidad desapareció por completo en el municipio Arismendi, estado Barinas, luego de la llegada de un comando armado compuesto por más de 60 funcionarios encapuchados que tomaron la zona durante tres días consecutivos y realizaron violentos allanamientos. Su supuesta misión era ubicar a los responsables del asesinato del productor ganadero Miguel Olivo Piña y su esposa Romelia Garrido de Olivo, ocurrido el 25 de junio. Sin embargo, los pobladores aseguran haber vivido una pesadilla.
El operativo, en lugar de centrarse en una investigación judicial, desencadenó una ola de violencia, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Vecinos denunciaron allanamientos masivos sin orden judicial, robos dentro de las viviendas, golpizas, detenciones arbitrarias y extorsiones económicas. Más de 100 hogares resultaron violentados por los cuerpos de seguridad que actuaron sin identificación oficial.
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El despliegue incluyó a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO, antigua FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Todos estos organismos operan bajo la autoridad del ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Habitantes relataron cómo los efectivos ingresaban armados a las casas con gritos intimidantes. “¿Dónde tienen la droga?”, preguntaban mientras rompían puertas y saqueaban pertenencias. Muchos de los detenidos recibieron amenazas si no entregaban grandes sumas de dinero. Las cifras exigidas iban desde los 1.000 hasta los 30.000 dólares. Algunas familias decidieron pagar para evitar que les sembraran evidencia o se llevaran a sus seres queridos.
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La periodista Sebastiana Barráez, a través del portal Infobae, dio a conocer estos testimonios que retratan un operativo fuera de todo protocolo legal. El supuesto comandante del grupo, un general encapuchado, nunca ofreció identificación ni orden judicial. Su presencia aumentó el temor entre los habitantes, que hoy siguen exigiendo justicia por el asesinato de la pareja y por las violaciones sufridas durante estos días de horror.
La comunidad de Arismendi continúa con miedo, mientras organizaciones de derechos humanos se preparan para documentar los hechos y elevar las denuncias ante instancias nacionales e internacionales. Los pobladores piden una investigación transparente y el fin de los abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
