Entre la incertidumbre y el miedo: Venezolanos en Utah enfrentan nuevo golpe migratorio
Aunque otro grupo de aproximadamente 250.000 venezolanos obtuvo TPS bajo un programa paralelo de 2021, tampoco sienten garantías. Trujillo estima que este segundo grupo también podría verse afectado en los próximos meses.
Salt Lake City, Utah — La comunidad venezolana en Utah enfrenta un nuevo golpe migratorio y vive días de tensión tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. La sentencia confirmó la medida impulsada por la administración Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado a miles de venezolanos bajo una iniciativa creada por el presidente Joe Biden en 2023.
A partir de ahora, unos 348.000 venezolanos en todo el país, incluyendo entre 6.500 y 7.000 residentes en Utah, podrían perder su permiso para vivir y trabajar legalmente. Algunos de ellos presentaron solicitudes de asilo, lo que les brindaría protección ante la deportación. Pero quienes no lo hicieron, enfrentan un futuro incierto y cargado de temor.
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Carlos Trujillo, abogado de inmigración con base en South Jordan, asegura que muchos ya evalúan opciones fuera de Estados Unidos. “Consideran mudarse a Canadá, Europa o países de Sudamérica como Colombia o Chile. Volver a Venezuela no es una opción segura”, afirmó. La situación actual, según Trujillo, ha desencadenado una ola de ansiedad entre quienes no lograron iniciar procesos migratorios alternativos.
El fallo se da en el contexto de una demanda federal aún en curso en California. Mientras se espera una decisión definitiva que podría tardar entre dos y cuatro años, la medida firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sigue vigente. Los intentos por retrasar su aplicación no prosperaron.
Desde la Alianza Venezolana de Utah, su directora Mayra Molina describe el momento como “crucial y sumamente doloroso”. Ella confirma que el miedo se ha intensificado dentro de la comunidad. “Muchos ya no pueden trabajar. Algunos están considerando desaparecer del sistema por temor a ser detenidos”, explicó.
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Aunque otro grupo de aproximadamente 250.000 venezolanos obtuvo TPS bajo un programa paralelo de 2021, tampoco sienten garantías. Trujillo estima que este segundo grupo también podría verse afectado en los próximos meses.
“Estamos hablando de personas que huyeron de un régimen acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. El peligro allá es real”, expresó Trujillo.
En medio de la incertidumbre legal y la presión económica, cientos de familias en Utah debaten entre seguir resistiendo en silencio o abandonar el país que consideraron su refugio. Mientras tanto, la esperanza se mantiene en suspenso, aguardando una decisión definitiva que podría cambiar sus vidas para siempre.
Con información de KSL
