Afirman que Trump busca cancelar $810 millones aprobados por el Congreso para la asistencia de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes
La disputa coloca nuevamente en el centro del debate constitucional estadounidense el denominado “poder de la bolsa” del Congreso, es decir, su autoridad para aprobar y controlar el gasto federal.
Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- La administración de Donald Trump abrió una nueva disputa con el Congreso tras solicitar la cancelación de US$810 millones en fondos que los legisladores ya habían aprobado para distintos programas federales. La Casa Blanca presentó la medida el 25 de septiembre, apenas cinco días antes del cierre del año fiscal, mediante un mecanismo conocido como “rescisión de bolsillo” (pocket rescission).
La estrategia genera un debate sobre los límites del poder presidencial para retener recursos asignados por el Legislativo. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), la ley permite que un presidente solicite al Congreso cancelar determinadas partidas y que las agencias retengan esos recursos durante el proceso. Sin embargo, el Congreso dispone de un plazo para actuar y, si no aprueba la rescisión, las agencias deben poner nuevamente el dinero a disposición para su uso.
La controversia surge por el momento elegido por la administración. Al presentar la solicitud cuando faltaban pocos días para finalizar el año fiscal, los fondos con fecha de vencimiento podrían expirar antes de que el Congreso complete una votación. La GAO sostiene desde 2018 que el Ejecutivo no puede utilizar ese procedimiento para permitir que las partidas caduquen sin una decisión legislativa.
¿A qué programas afectan los recortes?
El mayor bloque corresponde a US$567 millones destinados a programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que proporcionan asistencia a refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos. La administración argumenta que la reducción de los cruces fronterizos disminuyó las necesidades que justificaban esas asignaciones.
La propuesta también incluye recursos para programas educativos dirigidos a estudiantes inmigrantes y otras partidas relacionadas con iniciativas de diversidad y derechos civiles. Entre ellas aparecen fondos destinados a programas del Departamento de Justicia y a la Agencia para el Desarrollo de Empresas de Minorías.
Legisladores cuestionan la medida
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que la administración excedió sus facultades. Legisladores demócratas también rechazaron el procedimiento.
La Casa Blanca, por su parte, defiende la medida como una herramienta legal para retirar fondos que considera innecesarios o contrarios a las prioridades de la administración.
El enfrentamiento podría trasladarse nuevamente a los tribunales. La GAO mantiene que una “rescisión de bolsillo” no cuenta con respaldo en la Ley de Control de Retención de Fondos de 1974, mientras el Ejecutivo sostiene una interpretación diferente de sus facultades.
La disputa coloca nuevamente en el centro del debate constitucional estadounidense el denominado “poder de la bolsa” del Congreso, es decir, su autoridad para aprobar y controlar el gasto federal.
