Venezuela / Redacción Panas en Utah.- Organizaciones venezolanas de derechos humanos pidieron que el nuevo proceso de diálogo facilitado por Estados Unidos produzca resultados concretos y verificables para avanzar hacia una salida institucional a la crisis política del país.
Las ONG plantearon como prioridades la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). A su juicio, ambas instituciones necesitan recuperar credibilidad y ofrecer garantías para cualquier eventual proceso electoral.
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Las organizaciones cuestionaron especialmente la decisión de postergar hasta diciembre la renovación del CNE. Según su planteamiento, la legislación vigente permite completar ese procedimiento en un período cercano a dos meses, por lo que consideran octubre como una fecha viable si existe voluntad política entre los actores involucrados.
Reclaman acelerar la agenda electoral
Las ONG advirtieron que prolongar los plazos puede aumentar la desconfianza de los ciudadanos, especialmente después de varios años de anuncios y compromisos que, según sostienen, no lograron traducirse en cambios concretos.
El llamado ocurre mientras distintos sectores buscan establecer una nueva ruta de negociación política para Venezuela. Las organizaciones consideran que cualquier acuerdo debe incorporar mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento y evitar que el diálogo quede limitado a declaraciones o compromisos sin ejecución.
En ese contexto, también reclamaron condiciones que permitan a los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos políticos. Entre sus demandas destacan garantías para participar en procesos electorales, organizarse políticamente, acceder a información y manifestarse sin enfrentar actos de represión.
Elecciones libres como objetivo
Las organizaciones de derechos humanos consideran que el diálogo actual puede representar una oportunidad para construir una ruta institucional hacia nuevas elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales.
Para alcanzar ese objetivo, plantean que las partes deben avanzar primero en la reconstrucción de instituciones electorales y judiciales capaces de ofrecer garantías a los distintos sectores políticos.
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La renovación del CNE ocupa un lugar central en esta propuesta, debido a su responsabilidad en la organización y supervisión de los procesos electorales. Las ONG sostienen que una nueva directiva podría contribuir a generar mayor confianza entre los ciudadanos y los actores políticos.
El planteamiento también incluye la necesidad de establecer condiciones verificables antes de cualquier convocatoria electoral. Esto implica garantizar la participación de diferentes fuerzas políticas, facilitar la organización ciudadana y asegurar el acceso a información durante las campañas.
Las organizaciones insistieron en que el nuevo diálogo enfrenta una oportunidad que no debería desperdiciarse. En su opinión, transformar los acuerdos políticos en medidas concretas permitiría avanzar hacia un sistema electoral competitivo y transparente, mientras que nuevas postergaciones podrían profundizar el desencanto de una población que reclama resultados después de años de crisis y promesas incumplidas.
