Nueva orden de captura agrava la situación judicial y política de Evo Morales en Bolivia
El escenario político boliviano también cambió de forma significativa tras la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral.
Bolivia / Redacción Panas en Utah.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una nueva orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado, que lo acusa de presuntos delitos relacionados con terrorismo y alzamiento armado. La decisión judicial se produce en medio de una investigación sobre las protestas y bloqueos de carreteras que afectaron al país durante más de 50 días entre mayo y junio de este año.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz formalizó cargos por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos. Las autoridades sostienen que Morales habría desempeñado un papel determinante en la organización y respaldo de las movilizaciones que provocaron interrupciones en el transporte, dificultades en el abastecimiento y pérdidas económicas en distintas regiones del país.
Lee también: Un civil y cuatro policías muertos en choques durante bloqueos por candidatura de Morales
El Ministerio de Gobierno y representantes del Comité pro Santa Cruz impulsaron la denuncia. Ambos sectores argumentan que los bloqueos ocasionaron una grave escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto, además de generar importantes perjuicios para la actividad económica nacional.
Morales rechazó las acusaciones a través de sus redes sociales. El exmandatario afirmó que el proceso responde a una estrategia de persecución judicial o “lawfare” promovida por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Según su versión, las acciones legales buscan desviar la atención pública de la situación económica que atraviesa Bolivia.
La investigación también incluye a otros dirigentes sociales vinculados con las movilizaciones. Entre ellos figuran el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar, quien permanece bajo detención preventiva.
Esta nueva causa se suma a otro proceso penal que Morales enfrenta desde octubre de 2024. En ese expediente, la justicia boliviana lo investiga por presuntos delitos de trata agravada de personas y estupro, relacionados con una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato presidencial. Ese caso derivó en una declaración de rebeldía y mantiene vigente otra orden de captura en su contra.
Mientras ambos procesos avanzan, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare, región que constituye su principal bastión político y sindical. Cientos de productores de coca y simpatizantes mantienen vigilias permanentes para impedir un eventual operativo de captura por parte de las fuerzas de seguridad.
Lee también: Arce llama a Morales a dialogar y dice que no le dará el gusto de “una guerra civil”
El escenario político boliviano también cambió de forma significativa tras la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral. Su administración puso fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y emprendió una política exterior orientada al fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Ese giro diplomático alimentó las denuncias de Morales y sus seguidores, quienes sostienen que existe una injerencia internacional detrás de las acciones judiciales en su contra.
