Terremotos en Venezuela dejan más de 1.400 fallecidos mientras crecen las denuncias por la atención de la emergencia

Redacción Panas en Utah/ Venezuela.- La crisis humanitaria en Venezuela continúa agravándose tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país. El balance oficial ubica la cifra de víctimas fatales en 1.430 personas, mientras que 3.238 heridos reciben atención médica en distintos centros asistenciales. Organismos internacionales y autoridades nacionales advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar debido a la magnitud de los daños y a las labores de búsqueda que siguen en marcha.

Así se vivió el terremoto en el Junquito, Venezuela pic.twitter.com/w3a0ifHtSm

— Javierhalamadrid (@Javierito321) June 25, 2026

El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, presentó el más reciente reporte oficial, que además registra entre 51.000 y 68.900 personas desaparecidas. Equipos de rescate mantienen operaciones en edificios colapsados, donde cientos de familiares esperan noticias sobre sus seres queridos.

Las autoridades también contabilizan más de 3.142 familias damnificadas, luego de que numerosas viviendas quedaran destruidas o inhabitables. Los mayores daños se concentran en el estado La Guaira y en sectores del norte de Caracas, entre ellos Altamira y Los Palos Grandes, donde el colapso de edificaciones alteró por completo la vida de miles de personas.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la gravedad del escenario tras confirmar el colapso de al menos 189 edificios, situación que mantiene un alto riesgo para los equipos de rescate y dificulta la localización de sobrevivientes.

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda, aumentan las denuncias de ciudadanos sobre la respuesta de las autoridades encabezadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. A través de redes sociales y medios internacionales, numerosos sobrevivientes cuestionan la capacidad operativa de los organismos de seguridad, al asegurar que carecen del personal especializado y del equipamiento necesario para atender una emergencia de esta magnitud.

Habitantes de zonas afectadas como Caraballeda también expresaron su rechazo hacia algunos funcionarios públicos, a quienes acusan de utilizar las áreas devastadas para realizar actos de propaganda y tomarse fotografías, en lugar de participar activamente en las labores de rescate y remoción de escombros.

Diversas organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición denunciaron restricciones para el ingreso y la distribución de ayuda humanitaria. Según estas organizaciones, los controles dificultan la llegada de donaciones a las comunidades más afectadas y generan preocupación entre la población sobre el acceso oportuno a los suministros.

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A estas denuncias se suman las restricciones de acceso hacia La Guaira y el control del tránsito en la autopista Caracas-La Guaira. Aunque el Gobierno argumenta que estas medidas buscan facilitar el desplazamiento de maquinaria pesada y personal de emergencia, voluntarios y familiares aseguran que las limitaciones retrasan las labores de rescate y complican la búsqueda de personas desaparecidas.

El sistema hospitalario enfrenta además una fuerte presión por la elevada cantidad de pacientes. La demanda de atención médica supera la capacidad de numerosos centros de salud, mientras los apagones intermitentes dificultan la realización de procedimientos quirúrgicos y la prestación continua de servicios esenciales en medio de la emergencia.