Informe de la ONU expone patrones de tortura en organismos de inteligencia venezolanos
La actualización que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos buscará exponer nuevos hallazgos y mantener el seguimiento internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los expertos también reiterarán el llamado a investigaciones independientes y a mecanismos de rendición de cuentas para los responsables de las violaciones documentadas.
Redacción Panas en Utah.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (ONU) presentará el 12 de marzo de 2026 una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, durante el 61.º periodo de sesiones del organismo. La intervención incluirá nuevos elementos sobre presuntas violaciones de derechos humanos atribuidas a organismos de inteligencia del Estado venezolano.
El informe examina actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), instituciones que investigadores internacionales han vinculado con prácticas sistemáticas de represión política. Los especialistas de la misión sostienen que los abusos documentados no corresponden a acciones aisladas de funcionarios individuales, sino a un sistema estructurado dentro de las instituciones de seguridad del Estado.
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Según los investigadores, la estructura de mando dentro de estos organismos permitió la ejecución de directrices que descendían desde los niveles más altos del poder político hacia mandos intermedios y agentes operativos. El análisis de la misión describe un esquema de coordinación institucional destinado a reprimir a personas consideradas opositoras o críticas del gobierno.
El expediente presentado por los investigadores recoge numerosos testimonios de víctimas, familiares y antiguos funcionarios de seguridad. Estos relatos describen detenciones arbitrarias, interrogatorios coercitivos y diversos métodos de tortura aplicados durante los periodos de custodia.
Entre los métodos denunciados aparecen posiciones forzadas prolongadas, asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual, prácticas que los investigadores identifican como parte de un patrón repetido en centros de detención administrados por estos organismos.
La misión también documentó que muchos de estos abusos ocurrieron en instalaciones específicas asociadas con los servicios de inteligencia. Testimonios recogidos por los investigadores mencionan centros de detención en Boleíta, sede de la Dgcim en Caracas, y el complejo conocido como El Helicoide, utilizado por el Sebin.
De acuerdo con el informe, estos centros funcionaron durante años como lugares de interrogatorio y detención para dirigentes políticos, periodistas, activistas y otros integrantes de la sociedad civil. Los investigadores concluyeron que las prácticas denunciadas formaron parte de una política orientada a intimidar y neutralizar a sectores críticos del poder político.
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El documento también analiza la responsabilidad institucional dentro de la cadena de mando. Los expertos señalan que la planificación y ejecución de estas acciones involucró distintos niveles jerárquicos dentro de las agencias de inteligencia.
En sus conclusiones preliminares, la misión sostiene que las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a su carácter sistemático y a la participación de organismos estatales en su implementación.
La actualización que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos buscará exponer nuevos hallazgos y mantener el seguimiento internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los expertos también reiterarán el llamado a investigaciones independientes y a mecanismos de rendición de cuentas para los responsables de las violaciones documentadas.
