Acusaciones de venta de pasaportes diplomáticos y vínculos con narcotráfico sacuden caso contra Maduro

Washington / Redacción Panas en Utah.- El dictador venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta una serie de cargos presentados por fiscales federales de Estados Unidos que lo vinculan con una supuesta red de narcotráfico con alcance regional, según documentos judiciales y análisis periodísticos vinculados a la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Entre los señalamientos más delicados figura la supuesta venta de pasaportes diplomáticos a personas identificadas como narcotraficantes, así como la utilización de privilegios oficiales para facilitar movimientos de dinero y drogas entre México y Venezuela.

El escrito de imputación sostiene que, durante su desempeño como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2008, el acusado ofreció documentos oficiales que habrían sido usados por operadores de organizaciones criminales para moverse con inmunidad diplomática. El propósito, según la acusación, era permitir que vuelos privados llegaran con ganancias de actividades ilícitas sin ser inspeccionados por autoridades de seguridad, aprovechando la protección que confieren credenciales oficiales.

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El documento judicial también menciona la colaboración de grupos criminales transnacionales en el esquema de transporte y distribución de cocaína hacia Estados Unidos. Organizaciones como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas aparecen vinculadas a rutas de trasiego que partían desde puertos venezolanos hacia destinos en México y luego al mercado estadounidense, según la acusación de los fiscales.

En el mismo período señalado en la acusación, se indica que estas organizaciones pagaron sobornos a funcionarios con responsabilidades en logística y transporte de cargas, lo que habría facilitado movimientos de productos y dinero sin controles eficaces. El documento se extiende sobre la supuesta cooperación con redes colombianas para enviar contenedores desde puertos en el Caribe a través de puntos de transbordo en Centroamérica y México.

Las imputaciones que rodean este caso abarcan múltiples años y describen una serie de supuestos acuerdos entre funcionarios venezolanos y actores del crimen organizado internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales que incluyen conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con armas, además de la venta de pasaportes diplomáticos.

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Cabe destacar que estos señalamientos forman parte de un proceso judicial en curso en el que las autoridades estadounidenses buscan presentar pruebas ante un tribunal federal. Las imputaciones detallan acusaciones que aún no han sido evaluadas en juicio ni probadas ante un jurado, y son parte de la teoría de la Fiscalía sobre cómo operó esta supuesta red durante varios años en el hemisferio.

A raíz de estas acusaciones, el caso ha generado repercusiones en ámbitos políticos y diplomáticos que trascienden la esfera legal, con diversos gobiernos y analistas expresando puntos de vista contrapuestos sobre la veracidad y el alcance de las conexiones alegadas entre actores estatales y el crimen organizado.