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Seguridad Nacional aumenta seguimiento en redes sociales para identificar cuentas con críticas al ICE

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional mantiene su ofensiva administrativa, el debate sobre los límites entre seguridad, supervisión estatal y libertad de expresión digital continúa escalando en Estados Unidos.

Redacción Panas en Utah.- El Department of Homeland Security intensificó en los últimos meses sus acciones para identificar a propietarios de cuentas en redes sociales que publican críticas contra el Immigration and Customs Enforcement (ICE). La información surgió a partir de un reportaje de The New York Times, que detalló un incremento en el envío de citaciones administrativas a empresas tecnológicas.

Según el medio, el departamento remitió cientos de requerimientos formales a plataformas como Google, Reddit, Discord y Meta. Las solicitudes apuntan a cuentas anónimas que publican mensajes críticos sobre operativos de inmigración o que difunden información relacionada con la ubicación de agentes federales. En varios casos, las compañías entregaron datos solicitados, aunque también comunicaron que informarán a los usuarios cuando la ley lo permita y que impugnarán requerimientos que consideren desproporcionados.

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La estrategia coincide con otros reportes recientes. Bloomberg documentó cinco casos en los que el departamento intentó identificar a usuarios anónimos en Instagram. Tras acciones legales iniciadas por los propios usuarios, las autoridades retiraron las citaciones. Por su parte, The Washington Post describió el uso creciente de citaciones administrativas, herramientas que el organismo puede emitir sin intervención previa de un juez y que, según el informe, también han alcanzado a ciudadanos estadounidenses.

El aumento en la utilización de este mecanismo generó inquietud entre organizaciones defensoras de derechos civiles y privacidad digital. Estos sectores advierten que la práctica podría desalentar la expresión crítica en entornos digitales y afectar la confianza de los usuarios en las plataformas tecnológicas. Argumentan que la identificación forzada de cuentas anónimas puede abrir la puerta a represalias o a un efecto inhibidor en el debate público.

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Frente a este escenario, Google reafirmó su política de examinar cada solicitud gubernamental y de oponerse a aquellas que excedan los límites legales o resulten demasiado amplias. Otras empresas tecnológicas adoptaron posturas similares, al tiempo que evalúan mecanismos internos para equilibrar el cumplimiento normativo con la protección de datos de sus usuarios.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional mantiene su ofensiva administrativa, el debate sobre los límites entre seguridad, supervisión estatal y libertad de expresión digital continúa escalando en Estados Unidos.

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