Delcy Rodríguez acelera los cambios en Venezuela: Elimina programas sociales heredados del chavismo
Redacción Panas en Utah.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó este domingo 15 de diciembre un decreto que ordena el cierre y la liquidación de siete entes públicos que formaban parte de la arquitectura institucional construida durante las últimas dos décadas bajo el chavismo. La decisión, oficializada a través del Decreto N.º 5248 y difundida por la Gaceta Oficial, busca reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y alinear la administración pública con “nuevas directrices y políticas de orden social”.
Entre los organismos que desaparecerán se encuentran varias fundaciones y misiones emblemáticas, incluidas entidades creadas tanto por Nicolás Maduro como por Hugo Chávez. La lista incorpora al Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), organismo que centralizaba información estratégica sobre seguridad nacional, así como la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. También se incluye la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la Fundación Propatria 2000 y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas).
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El decreto ordena iniciar de inmediato un proceso de liquidación administrativa, revisión de bienes y adecuación institucional. El Ejecutivo conformará una junta supervisora encargada de garantizar el cierre formal de los organismos y la redistribución de sus funciones y responsabilidades dentro de la estructura estatal. Algunas competencias de estas entidades no desaparecen, sino que serán reasignadas a otros ministerios u organismos públicos.
El gobierno de Rodríguez presenta esta reestructuración como una medida necesaria para consolidar una gestión más eficiente y adaptada a objetivos sociales actuales, además de reforzar el control político y administrativo dentro del Ejecutivo. Según los decretos oficiales, la reorganización responde a la “necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos”.
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La medida ha desatado reacciones políticas en todo el país. Sectores de oposición y analistas interpretan que la supresión de estos entes apunta a eliminar estructuras con antecedentes de irregularidades, contrataciones directas sin licitación y proyectos inconclusos o cuestionados por sobrecostos. Sin embargo, otros observadores advierten que este cierre podría facilitar la concentración de poder en el Ejecutivo y eliminar espacios de contrapeso dentro del Estado.
La reorganización del aparato estatal se suma a otros movimientos recientes de Rodríguez desde que asumió la presidencia encargada tras la detención de Maduro en Estados Unidos, incluyendo cambios en ministerios clave y reformas legales.
