Tensiones en el chavismo frenan la Ley de Amnistía prometida en Venezuela
El movimiento estudiantil convocó movilizaciones para el 12 de febrero, Día de la Juventud, en demanda de libertad plena. Mientras el oficialismo organiza actos paralelos, la ley de amnistía continúa en debate y refleja las tensiones de una transición aún incierta.
Redacción Panas en Utah.- Las diferencias internas dentro del oficialismo retrasan la aprobación de la Ley de Amnistía que el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció como un paso clave en la nueva etapa política del país. La Asamblea Nacional tenía previsto debatir la norma el martes pasado, pero la suspensión de la sesión parlamentaria dejó en evidencia desacuerdos sobre el alcance real del proyecto. El Parlamento retomará la discusión este jueves.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, prometió una aprobación expedita ante familiares de detenidos por razones políticas. Sin embargo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y sectores más duros del chavismo exigen límites claros. Cabello sostiene que el Estado otorgará un perdón a personas que cometieron delitos y cuestiona el papel de organizaciones no gubernamentales que acompañan a las familias. En contraste, Rodríguez aseguró que “todos van a salir”, mientras el diputado Jorge Arreaza abrió consultas con ONG y gremios para recoger propuestas.
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El Colegio Nacional de Periodistas solicitó una amnistía amplia para comunicadores procesados por ejercer su labor. El gremio contabiliza al menos 59 reporteros judicializados, cuatro en prisión, dos bajo arresto domiciliario y más de 20 en el exilio. Diversas organizaciones civiles advirtieron, durante una sesión de consulta que superó las cuatro horas, que el proyecto aprobado en primera discusión presenta limitaciones significativas.
El texto propone revisar casos ocurridos entre 1999 y 2026, pero restringe el beneficio a períodos vinculados con protestas. Activistas estiman que alrededor de 500 personas, en su mayoría militares, quedarían excluidas pese a cumplir condenas o enfrentar procesos cuestionados. El proyecto tampoco contempla mecanismos de reparación ni garantías de no repetición. Además, plantea la eliminación de expedientes judiciales, medida que ONG consideran riesgosa para la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a derechos humanos.
Las recientes excarcelaciones incluyeron restricciones, lo que alimentó dudas sobre la voluntad real de reconciliación. La nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa intensificó el escepticismo en sectores políticos y sociales.
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Familiares de militares presos denunciaron retrasos en liberaciones pese al cumplimiento de penas. Thais Aparicio relató que su esposo, el militar retirado William Paredes, permanece detenido tras cumplir condena. Bárbara Bracho cuestionó irregularidades en el caso de su hijo Alberto Bracho.
El movimiento estudiantil convocó movilizaciones para el 12 de febrero, Día de la Juventud, en demanda de libertad plena. Mientras el oficialismo organiza actos paralelos, la ley de amnistía continúa en debate y refleja las tensiones de una transición aún incierta.
Con información de El País.
