Datos de Medicaid y control migratorio: Hospitales enfrentan un dilema ético y legal

Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- La decisión del Gobierno de Donald Trump de permitir a los funcionarios de inmigración acceder a datos de Medicaid reconfigura el vínculo entre hospitales, estados y pacientes inmigrantes en Estados Unidos. La medida coloca a los centros de salud ante un dilema complejo: Advertir a los pacientes sobre el posible uso de su información personal por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o guardar silencio y sostener la inscripción en programas de atención médica esenciales.

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Durante más de una década, hospitales y gobiernos estatales transmitieron un mensaje claro a los pacientes: la información personal entregada al solicitar cobertura federal de salud no alimentaría acciones migratorias. Un memorando de ICE de 2013 reforzó esa confianza al establecer que la agencia no utilizaría datos de solicitudes de cobertura médica para tareas de cumplimiento de la ley. Esa garantía sostuvo, por años, el acceso de inmigrantes a servicios de emergencia sin temor a represalias.

El escenario cambió el año pasado, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca y lanzó una de las ofensivas migratorias más amplias de los últimos tiempos. Su administración ordenó integrar bases de datos de distintas agencias federales al Departamento de Seguridad Nacional, incluidas fuentes sensibles como la información fiscal del IRS. En ese contexto, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid aceptaron en la primavera pasada otorgar a ICE acceso directo a una base de datos que contiene direcciones y estatus de ciudadanía de los beneficiarios.

Veintidós estados, casi todos bajo gobiernos demócratas, reaccionaron con una demanda para frenar el intercambio de datos. La administración mantuvo el acuerdo fuera del anuncio público hasta que un juez federal exigió transparencia durante el verano. En diciembre, el tribunal delimitó el alcance del acceso en esos estados y autorizó a ICE a consultar únicamente información de personas que permanecen en el país sin estatus legal.

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La decisión judicial no resolvió la incertidumbre en los hospitales. KFF Health News consultó a más de una docena de centros y asociaciones hospitalarias en ciudades y estados que enfrentan redadas migratorias. La mayoría evitó pronunciarse sobre cambios en sus políticas de divulgación. Entre quienes respondieron, ninguno afirmó que advierta de manera directa a los pacientes sobre el posible intercambio de datos con ICE al solicitar Medicaid.

Aimee Jordon, portavoz del sistema M Health Fairview de Minneapolis, explicó que la institución no brinda asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias federales y recomienda a los pacientes buscar orientación en recursos estatales y abogados especializados. Mientras tanto, expertos advierten que una advertencia explícita podría desalentar el uso de Medicaid de Emergencia, un programa que cubre, entre otros casos, la atención del parto de bebés ciudadanos estadounidenses. El debate permanece abierto y expone una tensión profunda entre salud pública, derechos de los pacientes y política migratoria.

Con información de CNN