Detenciones de dos sexagenarios en Mérida avivan denuncias de represión tras la captura de Maduro
Mérida /Redacción Panas en Utah.- La policía del estado venezolano de Mérida detuvo a dos sexagenarios de 64 y 65 años bajo acusaciones relacionadas con la celebración pública de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Activistas y observadores interpretan el hecho como parte de un endurecimiento represivo que busca contener cualquier manifestación de júbilo luego de la operación realizada por fuerzas estadounidenses.
El Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida informó que sus funcionarios acudieron al sector Los Cedros, en la parroquia Río Negro del municipio Guaraque, tras recibir una denuncia por alteración del orden público. Según el reporte oficial, los agentes encontraron a los dos ciudadanos gritando consignas contra el Gobierno, celebrando la captura de Maduro y Flores y confrontando a vecinos identificados con el PSUV. El comunicado añadió que los hombres incitaron a la violencia y realizaron detonaciones con armas de fuego.
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Durante la inspección del inmueble, los funcionarios incautaron un revólver Smith & Wesson con seis cartuchos, cinco ya percutidos, y una escopeta sin marca visible. La policía trasladó a ambos detenidos a la estación de Guaraque y dejó el caso bajo procedimiento administrativo y penal.
Estas detenciones ocurrieron en un contexto de tensión creciente dentro de Venezuela. Tras la captura de Maduro, miles de venezolanos en el exilio expresaron su celebración de manera abierta. Dentro del país, en cambio, no surgieron manifestaciones públicas de apoyo o festejo, situación que analistas atribuyen al temor generalizado a represalias estatales.
En Caracas, organizaciones gremiales denunciaron la detención de al menos 14 periodistas mientras cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina. El sindicato del sector explicó que la mayoría trabajaba para medios internacionales. Las autoridades liberaron a casi todos el mismo día y expulsaron del país a uno de ellos.
Testigos describieron un despliegue intenso de fuerzas de seguridad y de grupos motorizados progubernamentales conocidos como colectivos. Residentes afirmaron que estos grupos instalaron controles improvisados, detuvieron vehículos y revisaron teléfonos celulares para identificar mensajes críticos al Gobierno. Vecinos de distintas zonas señalaron la presencia constante de militares y civiles armados, lo que incrementó el clima de temor.
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Líderes comunitarios de Petare relataron patrullajes de hombres encapuchados que exigían acceso a estados de WhatsApp y conversaciones privadas. Este patrón recordó episodios previos de represión. Tras las elecciones presidenciales de 2024, las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 2.000 personas y revisaron dispositivos móviles en busca de críticas al oficialismo. Muchos detenidos recibieron condenas prolongadas por cargos de traición.
El Foro Penal contabilizó más de 800 presos políticos al 5 de enero. Analistas regionales sostienen que el despliegue de colectivos busca reforzar el control interno y frenar movilizaciones mediante el miedo. Durante la noche del lunes, reportes señalaron detonaciones cerca del Palacio de Miraflores. Fuentes oficiales atribuyeron los disparos a acciones disuasivas ante la presencia de drones no identificados.
