Gobierno de Trump anunció reembolsos obligatorios a patrocinadores del parole humanitario

Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- El gobierno de Donald Trump anunció que exigiría el reembolso de fondos públicos a ciertos patrocinadores de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante el programa de parole humanitario y que recibieron ayudas económicas federales. La advertencia incluyó beneficios como Medicaid, el programa de asistencia nutricional SNAP y el programa de asistencia temporal para familias necesitadas (TANF), entre otros.

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Jim O’Neill comunicó la medida a través de un mensaje en la red social X. En su publicación, indicó que los patrocinadores asumirían la responsabilidad financiera por el uso de beneficios financiados con fondos de los contribuyentes. El funcionario afirmó que su oficina ya envió cartas formales a varios patrocinadores para exigir el reembolso de los gastos generados por la asistencia social utilizada por los inmigrantes que apadrinaron.

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El parole humanitario permitió el ingreso legal a Estados Unidos de más de 500.000 personas y autorizó permisos de trabajo por un período de dos años. El programa, que el gobierno de Joe Biden impulsó para admitir hasta 30.000 inmigrantes mensuales, benefició principalmente a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En marzo, la administración Trump eliminó esta política migratoria y ordenó su cierre definitivo.

Tras esa decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó a los beneficiarios sobre la terminación de su estatus legal y la expiración de los permisos laborales otorgados bajo el programa. Estas comunicaciones generaron incertidumbre tanto entre los inmigrantes como entre sus patrocinadores.

Abogados de inmigración explicaron que los patrocinadores firmaron una declaración legal en la que asumieron la obligación de sostener económicamente al beneficiario durante el tiempo de vigencia del parole. Según detallaron, ese compromiso buscó evitar que la persona se convirtiera en una carga pública. Aclararon que esta obligación tuvo carácter legal y no simbólico, con una duración de dos años.

Especialistas destacaron que los casos de ciudadanos cubanos y haitianos presentaron particularidades legales. Dos normativas federales, la Ley de Ayuda a la Educación de los Refugiados de 1980 y la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, permitieron a estas nacionalidades acceder a ciertos beneficios sociales al considerarlas refugiadas para efectos legales.

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En ese marco, el Departamento de Niños y Familias envió comunicaciones que confirmaron la elegibilidad de cubanos y haitianos para recibir asistencia alimentaria durante un año y servicios médicos por hasta dos años, siempre que no existiera una orden final de deportación.

Por esta razón especialistas en temas migratorios recomiendan a patrocinadores y beneficiarios revisar cuidadosamente cualquier notificación de reembolso. Señalaron que cada carta incluyó opciones para apelar o solicitar auditorías. Expertos legales advirtieron que, en casos donde la ley permitió la ayuda recibida, los reclamos podrían derivar en disputas judiciales.

Con información de Agencias