Represión en Venezuela: Filtran audio de la doctora Marggie Orozco por el que fue sentenciada a 30 años (+AUDIO)
El caso de Marggie Orozco se convirtió en un nuevo punto de análisis sobre el papel del sistema judicial en Venezuela. Su condena abre interrogantes sobre los límites entre la protesta ciudadana, el derecho a denunciar y las herramientas legales que el gobierno emplea para moderar o acallar cualquier disidencia.
Redacción Panas en Utah/ Venezuela.- La difusión del audio de WhatsApp que involucró a la doctora Marggie Orozco, de 65 años, generó nuevas críticas contra el sistema judicial venezolano y encendió el debate sobre la criminalización de las denuncias ciudadanas durante la crisis postelectoral de 2024. El mensaje, que circula desde este jueves 19 de noviembre en redes sociales, muestra a Orozco describiendo con angustia la escasez de alimentos y medicinas, al tiempo que cuestiona la actuación del gobierno de Nicolás Maduro en medio de un país sumido en incertidumbre.
Organizaciones de derechos humanos explicaron que integrantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) denunciaron ese audio ante las autoridades, lo que impulsó un proceso judicial que culminó con una condena de 30 años contra la doctora. El caso quedó marcado por acusaciones de “traición a la patria”, “incitación al odio” y “conspiración”. Estas figuras legales aparecieron con frecuencia en otros procesos abiertos durante ese período, según informes de la ONU y la Corte Penal Internacional, que documentaron un patrón de represalias contra voces críticas tras el fraude electoral de 2024.
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El contenido del mensaje llamó la atención por el tono desesperado con el que Orozco relató lo que vivía su comunidad. En el audio, expresó temor por la falta de alimentos básicos y medicamentos, y cuestionó la gestión gubernamental. Estas declaraciones despertaron solidaridad en diversos sectores y motivaron a ciudadanos dentro y fuera del país a difundir el material como denuncia pública.
La condena provocó reacciones inmediatas entre activistas, abogados y organizaciones internacionales, que señalaron el caso como ejemplo de cómo el sistema de justicia se emplea para intimidar a quienes expresan inconformidad. Analistas recordaron que, desde 2024, múltiples ciudadanos enfrentan procesos similares, impulsados con rapidez y sin garantías suficientes, especialmente cuando sus comentarios cuestionan directamente al poder político.
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Diversas ONG destacaron la urgencia de revisar sentencias de este tipo y recordaron que el contexto de crisis llevó a miles de venezolanos a usar redes sociales para documentar su realidad cotidiana ante la falta de canales institucionales confiables. En este escenario, cada sanción agrava el clima de temor y limita aún más la libertad de expresión.
El caso de Marggie Orozco se convirtió en un nuevo punto de análisis sobre el papel del sistema judicial en Venezuela. Su condena abre interrogantes sobre los límites entre la protesta ciudadana, el derecho a denunciar y las herramientas legales que el gobierno emplea para moderar o acallar cualquier disidencia.
Con información de Agencias venezolanas
