Noboa acuerda tregua en el epicentro de protestas en Ecuador, tras sumar un segundo muerto

Guayaquil (Ecuador), 15 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador alcanzó este miércoles una tregua con los dirigentes indígenas que lideraban las protestas contra el presidente Daniel Noboa en la provincia de Imbabura, el epicentro de las movilizaciones, lo que no fue avalado por parte de las comunidades, quienes abogan por mantener los bloqueos de carreteras tras registrarse un segundo manifestante fallecido presuntamente por disparos de las fuerzas estatales.

Los dirigentes aceptaron levantar los bloqueos de carreteras que se mantenían hasta hacía 23 días a cambio de conformar una serie de mesas de diálogo con el Gobierno para tratar las demandas de la población, lo que no fue bien recibido por parte de las comunidades de esta provincia del norte de los Andes ecuatorianos, quienes se manifestaron en contra de estos acuerdos.

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, que convocó el “paro nacional indefinido”, no fue parte de las conversaciones llevadas a cabo en la ciudad de Otavalo, la que inició hace más de tres semanas los disturbios más fuertes con el ataque a una comisaría y el incendio a una serie de vehículos allí estacionados.

“Hemos concluido con este inicio de diálogo. Nos toca sentarnos con estas heridas y con la sangre derramada”, dijo la presidenta de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (Unorcac), Martha Tuquerres, en una declaración pública junto al ministro del Interior, John Reimberg.

Los indígenas han aceptado levantar los bloqueos en Imbabura a cambio de que el Gobierno se comprometa a investigar debidamente las muertes de los dos manifestantes fallecidos, a liberar a los protestantes enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo y a retirar a las Fuerzas Armadas de la provincia.

“No somos terroristas ni vagos”

“No somos terroristas, ni vagos ni secuestradores (términos usados por el Gobierno contra los manifestantes). Somos un pueblo unido que siempre ha luchado por sus derechos, que deben ser respaldados con unidad y colectividad”, señaló Tuquerres.

Aunque la demanda inicial de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, los dirigentes indígenas de Imbabura anticiparon que se conformarían con que el Gobierno aceptase congelar el precio de este combustible, que tras retirar la subvención pasó de costar 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Por su parte, el ministro del Interior celebró que “hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”, y anticipó que el Gobierno va a “trabajar inmediatamente en abastecer la provincia”, donde desde el lunes van a llevarse a cabo unas mesas técnicas para “trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir”.

Balas y gases

Estos acuerdos se alcanzaron después de un convulso inicio de semana donde las autoridades del Gobierno llegaron a Ibarra en un convoy militar, denominado “humanitario” por el Gobierno, que se abrió paso sin miramientos a través de los bloqueos, lo que llevó a enfrentamientos donde los militares no escatimaron en hacer uso del gas lacrimógeno, entre otros métodos más lesivos.

En uno de estos enfrentamientos se produjo la muerte de José Guamán, de 30 años, quien recibió un disparo en el pecho, según denunció la Conaie, lo que se sumó a Efraín Fuérez, quien falleció el pasado 28 de septiembre, durante una ofensiva militar contra uno de los bloqueos.

El anuncio del acuerdo entre el Gobierno y los dirigentes indígenas de Imbabura llegó cuando en Otavalo se velaba al fallecido Guamán y enardeció a parte de la población, que salió a la calle para protestar contra los acuerdos anunciados y buscar aplicar la justicia indígena a sus dirigentes.

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La Confederación indígena también denunció el martes la muerte de una mujer indígena de 62 años en la sureña provincia de Loja aparentemente por un paro cardiorrespiratorio causado por el gas lacrimógeno.

Hasta el momento, y tras casi un mes de movilizaciones, las protestas dejan dos muertos por armas de fuego, cerca de 350 manifestantes heridos y más de 170 detenciones, de las que alrededor de una veintena han sido enviadas a prisión preventiva con cargos por terrorismo presentados por la Fiscalía.

El representante de ONU Derechos Humanos para Suramérica, Jan Jarab, señaló que “las autoridades deben investigar de forma célere y transparente estos fallecimientos y garantizar el derecho a la reunión pacífica, así como una actuación de sus fuerzas de seguridad conforme a las normas internacionales de derechos humanos”.

EFE