Denuncias de tráfico de niños señalan vínculos con figuras del poder en Venezuela

Por Ibéyise Pacheco (El Diario Las Américas).- Las denuncias sobre el tráfico de niños en Venezuela exponen un panorama alarmante. Según investigaciones y testimonios recogidos por la periodista Ibéyise Pacheco, este delito se ha convertido en una práctica recurrente en la que se involucran funcionarios, jueces, fiscales y organismos que deberían proteger a los menores.

El tráfico de niños opera mediante diferentes modalidades. Muchas veces ocurre durante procesos de separación o divorcio, en los que un progenitor con cercanía al poder arrebata al menor a su expareja con respaldo de jueces y fiscales vinculados al oficialismo. En otros casos, el sistema de protección de Niños, Niñas y Adolescentes entrega a los pequeños a quien ofrezca mayores sumas de dinero. Los montos oscilan entre 40 mil y 200 mil dólares, de acuerdo con las denuncias.

Lee también: Confirman orden de detención para un integrante del régimen de Nicolás Maduro

Pacheco resalta la existencia de un sistema de adopción internacional paralelo, donde se entrega al niño junto con documentación irregular. De esa forma, muchos terminan en el extranjero, mientras sus madres permanecen en Venezuela sin posibilidad de recuperar a sus hijos. La corrupción también apunta hacia familias vulnerables: consejos de protección convencen a padres en situación de pobreza de entregar a sus hijos con la promesa de alimento y seguridad, pero los niños terminan en procesos de adopción fraudulentos.

Los expedientes muestran que cuando una madre denuncia y lucha por recuperar a su hijo, enfrenta acusaciones fabricadas. Testigos comprados afirman falsamente que el menor sufrió abusos o maltrato, lo que permite abrir procesos penales en contra de la madre. Mientras ella permanece detenida, los trámites avanzan hasta entregar al niño en adopción.

Un caso documentado es el de Verónica Petit, médica de 33 años, quien fue separada de su hijo tras denunciar violencia de parte de su expareja, Isgar Jacobo Gavidia Márques. La situación escaló debido a los lazos de este con figuras del Tribunal Supremo de Justicia y con familiares de Cilia Flores. Según el reportaje, fiscales, jueces y funcionarias vinculadas a altos cargos intervinieron en la retención del niño y en la persecución judicial contra Petit, quien actualmente permanece bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

Lee también: La CIDH acusa a Maduro de llevar a cabo “asesinatos, desapariciones breves y torturas”

Pacheco concluye que Venezuela atraviesa un quiebre institucional en el que los más vulnerables, incluidos los niños, quedan expuestos a mafias protegidas por el propio sistema judicial. Las denuncias alcanzan a todo el territorio nacional e incluyen la venta de menores incluso a grupos armados.

Con información de El Diario Las Américas