La delgada línea entre las non-profits y la política: cuando las ONG hacen activismo… y cuando los políticos las usan como plataforma personal
Entre el servicio social y la estrategia política, muchas organizaciones sin fines de lucro —y algunos funcionarios públicos— caminan por una línea legal y ética cada vez más delgada. ¿Dónde termina la ayuda comunitaria y comienza la propaganda electoral?
Las organizaciones sin fines de lucro —o non-profits— son, en muchas comunidades, el corazón que late por los más vulnerables. Brindan ayuda legal, servicios de salud, educación, y asesoría migratoria. Pero ese corazón puede latir con doble intención cuando el activismo comunitario se entrelaza con intereses partidistas, o peor aún, cuando un político en funciones decide convertir su non-profit en trampolín electoral.
La mezcla de política y filantropía puede salvar vidas, sí, pero también puede confundir, dividir y hasta violar la ley.
Lo legal y lo permitido
El IRS establece con claridad que las organizaciones registradas como 501(c)(3) tienen prohibido participar en actividades de campaña política a favor o en contra de candidatos. Estas organizaciones pueden hacer incidencia pública, educar sobre políticas o promover el voto, pero deben hacerlo sin favorecer posturas partidistas ni candidatos específicos【Fuente: IRS】.
Las 501(c)(4), por otro lado, tienen más libertad para involucrarse en la política, pero pierden el beneficio de que sus donaciones sean deducibles de impuestos.
Cuando los políticos fundan o controlan una non-profit
Uno de los casos más delicados —y más comunes— es el de funcionarios electos o candidatos que crean o lideran non-profits mientras están en funciones. Aunque no es ilegal per se, el conflicto de interés es evidente y las líneas entre servicio público y promoción personal se vuelven invisibles.
Caso real: El modelo de “non-profit personalista”
En varias ciudades del país, incluyendo algunas en el oeste de Estados Unidos, han surgido ejemplos de concejales, senadores estatales o líderes municipales que fundan o presiden non-profits mientras ocupan cargos públicos. Utilizan estas organizaciones para:
- Lanzar campañas sociales con su rostro y nombre.
- Canalizar fondos estatales hacia su non-profit.
- Aparecer constantemente en eventos financiados con fondos de la organización.
- Recibir donaciones privadas que no estarían permitidas directamente como contribuciones políticas.
Un ejemplo que generó controversia en el pasado fue el de la exalcaldesa de Baltimore, Catherine Pugh, quien utilizó su fundación benéfica para vender libros a entidades que luego recibían beneficios de la ciudad. El caso derivó en una condena federal por fraude y evasión【Fuente: NPR, 2020】.
¿Qué pasa en Utah?
Aunque no se ha judicializado un caso similar en Utah, sí existen preocupaciones en el ecosistema latino local sobre organizaciones fundadas por líderes políticos activos que concentran eventos, patrocinios y donaciones bajo un nombre “sin fines de lucro” mientras buscan cargos o continúan en campaña.
El riesgo es que:
- Se pierda la confianza de la comunidad.
- Se usen recursos públicos para fines privados.
- Se genere una competencia desleal con otras non-profits verdaderamente neutrales.
- Se manipule la vulnerabilidad de la comunidad con fines electorales.
La trampa de la visibilidad
Los políticos que utilizan non-profits para promover su imagen ganan visibilidad sin tener que someterse a las reglas de financiamiento de campañas. Si bien pueden argumentar que están ayudando a su comunidad —y tal vez lo están haciendo— la pregunta es ¿a cambio de qué?
En muchos casos, la non-profit se convierte en una extensión de su marca política, repartiendo recursos con camisetas que llevan su nombre o difundiendo ayuda en eventos donde solo aparece su imagen, sin ningún balance ni contrapartida de otros funcionarios.
¿Qué deberían hacer los líderes responsables?
Para los funcionarios públicos:
- Separar totalmente su función política de cualquier rol en una non-profit.
- No utilizar logros de la organización como parte de su campaña.
- Abstenerse de recibir fondos o donaciones dirigidas a la non-profit mientras están en campaña.
- Evitar que su rostro o nombre sea la imagen institucional de una organización social.
Para la comunidad:
- Exigir transparencia.
- Preguntar: ¿a quién realmente beneficia esta acción?
- Denunciar si sienten que están siendo instrumentalizados con fines políticos.
Conclusión
Una non-profit debe ser un puente entre las necesidades de la comunidad y las soluciones reales, no un trampolín político ni un disfraz legal. Ya sea cuando organizaciones comunitarias cruzan la raya hacia el activismo partidista, o cuando políticos usan las causas sociales como herramientas de marketing, la ética debe estar por encima de la estrategia.
Porque ayudar no es lo mismo que aprovecharse. Y servir no es lo mismo que servirse.
Fuentes:
- IRS – Charities and Political Activity
- National Council of Nonprofits – Advocacy vs. Political Campaigning
- Bolder Advocacy – Political Activity Guidelines for 501(c)(3)
- NPR – “Ex-Baltimore Mayor Catherine Pugh Sentenced To 3 Years In Children’s Book Fraud Scheme”
