Sheriff de Utah defiende acuerdo 287(g) como herramienta para reforzar la seguridad pública con relación a las redadas migratorias
El objetivo principal, según las autoridades, es ofrecer una respuesta más efectiva frente a delitos locales que involucran a personas cuya situación migratoria debe revisarse, sin desviar los recursos de la oficina ni vulnerar los derechos de la comunidad.
Utah County / Redacción Panas en Utah.- La Oficina del Sheriff de Utah County reiteró su respaldo al acuerdo 287(g), una colaboración entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), destacando su impacto en la seguridad pública sin alterar la labor habitual de las agencias locales. La Asociación de Sheriffs de Utah publicó una carta aclaratoria que refuerza el carácter independiente de cada oficina de sheriff y su autonomía para establecer estos convenios.
El acuerdo 287(g) permite que algunos agentes correccionales, previamente capacitados, tengan acceso a información federal para ayudar a identificar a personas bajo custodia que puedan estar en situación migratoria irregular. Según la carta, este acceso no implica cambios sustanciales en la operación diaria de las oficinas del sheriff, sino que fortalece las herramientas de investigación en casos donde los detenidos enfrentan cargos criminales.
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El Sheriff del Condado Utah, Mike Smith, enfatizó que los agentes locales no realizan redadas migratorias ni intervienen en lugares de trabajo. “Cualquier acción relacionada con inmigración ocurre solo después de que una persona ha sido arrestada por delitos independientes”, explicó.
Smith sostuvo que el acuerdo representa una solución a vacíos operativos detectados en el pasado. “En varias ocasiones, arrestamos sospechosos por delitos graves que, al parecer, no se encontraban legalmente en el país. Ante la falta de presencia inmediata de ICE, muchos de esos individuos fueron liberados. Algunos huyeron, otros reincidieron, y unos pocos continuaron con el proceso judicial”, señaló.
Con el 287(g), los agentes capacitados tienen ahora la posibilidad de colocar una suspensión migratoria sobre la detención validada por un juez, brindando a ICE el tiempo necesario para revisar el estatus migratorio del sospechoso antes de su liberación.
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La implementación del acuerdo se mantendrá bajo evaluación constante. “Nos aseguraremos de vigilar de cerca estos acuerdos y mantener una comunicación abierta con nuestros socios federales”, aseguró el sheriff.
El objetivo principal, según las autoridades, es ofrecer una respuesta más efectiva frente a delitos locales que involucran a personas cuya situación migratoria debe revisarse, sin desviar los recursos de la oficina ni vulnerar los derechos de la comunidad.
