La mayoría de los detenidos en las redadas migratorias en EE.UU. no tiene antecedentes penales graves, según CNN
Organizaciones civiles y abogados de inmigración continúan solicitando transparencia en los criterios de detención y mayor supervisión judicial sobre los procedimientos.
Redacción Panas en Utah.- Las redadas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump siguen generando polémica. Mientras altos funcionarios destacan la captura de inmigrantes condenados por delitos graves y utilizan términos como “criminales bárbaros” para describirlos, documentos internos obtenidos por CNN exponen una realidad muy distinta a la presentada públicamente.
Los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestran que, desde octubre hasta finales de mayo del año fiscal 2025, más del 75 % de las personas ingresadas a custodia no tenían antecedentes penales graves. La mayoría solo había cometido infracciones relacionadas con su estatus migratorio o violaciones menores de tránsito.
Lee también: Vecinos de Los Ángeles aterrorizados por redadas migratorias: “No puedo dormir tranquila”
Los datos también indican que menos del 10 % de los detenidos enfrentaron condenas por delitos considerados violentos o sexuales graves, como asesinato, agresión, robo o violación. Esta cifra contrasta con la narrativa oficial, que insiste en justificar los operativos masivos como una estrategia para proteger la seguridad pública.
En ciudades como Los Ángeles, donde las redadas se intensificaron, comunidades migrantes han expresado preocupación ante lo que perciben como una política de persecución generalizada. Diversos colectivos de derechos humanos han denunciado que los operativos afectan a personas sin historial criminal, dividen familias y generan un clima de temor constante entre trabajadores y residentes legales.
Lee también: Ortega compara redadas migratorias en EE.UU. con “las persecuciones que hacían los nazis”
Las cifras reveladas por CNN alimentan el debate sobre la efectividad y la ética de las acciones migratorias actuales. Mientras el discurso oficial se enfoca en casos aislados de delincuencia, los registros sugieren que la mayoría de los detenidos no representa un riesgo significativo para la seguridad pública.
Organizaciones civiles y abogados de inmigración continúan solicitando transparencia en los criterios de detención y mayor supervisión judicial sobre los procedimientos. Los cuestionamientos crecen ante lo que muchos consideran un uso político del aparato migratorio, centrado más en el impacto mediático que en los datos reales.
Con información de CNN
