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Cómo son los migrantes latinos que pierden el TPS dónde viven y en qué trabajan

Florida concentra la mayor cantidad de migrantes con TPS. Texas, Nueva Jersey, Illinois, Utah y California completan la lista de los estados donde más se han asentado.

Redacción Panas en Utah.- La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta para que el presidente Donald Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que podría cambiar drásticamente la vida de más de 530 mil migrantes. Este programa ampara a ciudadanos de países con condiciones de inseguridad que les impiden regresar. Muchos de ellos trabajan, pagan impuestos y han construido su vida en suelo estadounidense.

Los principales afectados por este fallo provienen de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Los datos hablan por sí solos: más de 211 mil haitianos dependen del TPS para trabajar legalmente. Le siguen 117 mil venezolanos, 110 mil cubanos y 93 mil nicaragüenses, todos beneficiarios del programa de libertad condicional humanitaria lanzado en 2022 por la administración de Joe Biden.

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Florida concentra la mayor cantidad de migrantes con TPS. Texas, Nueva Jersey, Illinois, Utah y California completan la lista de los estados donde más se han asentado. Sin embargo, el Instituto de Política Migratoria destaca que, aunque California sigue siendo el estado con mayor población extranjera (unos 10 millones), Florida y Texas ganaron terreno como destino preferido entre 2010 y 2023.

Los migrantes bajo TPS desempeñan labores esenciales con salarios considerablemente bajos. La mayoría de quienes tienen más de 16 años trabaja en áreas de gestión, construcción, servicios o sectores relacionados. El ingreso anual promedio de una familia migrante en 2023 se ubicó en 78 mil dólares, aunque muchos hogares no superan los 30 mil dólares, lo que los mantiene en condiciones de vulnerabilidad.

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La incertidumbre crece entre las comunidades afectadas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el TPS se mantiene para los haitianos hasta el 5 de agosto de 2025, y para los venezolanos registrados desde 2021 hasta el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo, quienes solicitaron el beneficio en 2023 quedaron en pausa, a la espera de una apelación que ahora se discute en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El destino de medio millón de personas pende de una decisión judicial. Sus trabajos, familias y proyectos de vida dependen de un fallo que podría redefinir el presente y el futuro de la migración latina en Estados Unidos.

Con información de La Nación

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