FBI apunta al régimen de Maduro por vínculos con el Tren de Aragua, pero otras agencias cuestionan su análisis
Mientras los tribunales evalúan la legalidad de las medidas impulsadas por Trump, miles de migrantes venezolanos viven en incertidumbre. El debate entre agencias mantiene en vilo no solo a los acusados, sino también al sistema judicial que debe definir si las afirmaciones del FBI se sostienen ante la ley.
Redacción Panas en Utah / Estados Unidos.- Un memorando revelado este miércoles 29 de mayo reavivó la controversia sobre los supuestos nexos entre el régimen de Nicolás Maduro y el Tren de Aragua. El documento, firmado por el FBI, sostiene que funcionarios del gobierno venezolano posiblemente facilitaron el ingreso de miembros de la organización criminal a Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar la seguridad interna. Sin embargo, otras agencias de inteligencia desacreditaron esa teoría y consideran la evidencia insuficiente, según reveló The New York Times.
El memorando, presentado ante un tribunal federal en Texas, refuerza la postura del expresidente Donald Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones expeditas de supuestos integrantes de la banda hacia cárceles en El Salvador. La ley, casi en desuso desde la Segunda Guerra Mundial, permite expulsiones sin el debido proceso si se demuestra un vínculo con un Estado enemigo. Trump argumenta que Venezuela cumple con esa condición.
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Según el FBI, algunos funcionarios chavistas actúan como intermediarios para ocultar su relación con el Tren de Aragua, y usan a sus miembros como “apoderados” para ejecutar planes del régimen. La agencia calificó su nivel de certeza como “medio” y aclaró que su evaluación se basa en declaraciones de siete migrantes detenidos. Uno de ellos, según el documento, atribuyó decisiones estratégicas al propio Maduro, aunque sin pruebas directas ni fuentes de primera mano.
La comunidad de inteligencia no comparte la visión del FBI. Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia concluyó que no existen pruebas sólidas que demuestren una política estatal de cooperación entre el régimen venezolano y la banda. Tampoco hallaron evidencia de coordinación financiera ni comunicacional que respalde la versión de los migrantes.
La CIA y la Agencia de Seguridad Nacional también rechazan la hipótesis de un complot orquestado desde Caracas. Según sus evaluaciones, es más plausible que algunos miembros del Tren de Aragua emigraran por cuenta propia y actuaran sin respaldo oficial.
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Organizaciones de derechos humanos y abogados migratorios alertan sobre los riesgos de utilizar leyes de guerra para gestionar casos de inmigración. Cuestionan que acusaciones basadas en testimonios no verificados puedan derivar en deportaciones sin debido proceso.
Mientras los tribunales evalúan la legalidad de las medidas impulsadas por Trump, miles de migrantes venezolanos viven en incertidumbre. El debate entre agencias mantiene en vilo no solo a los acusados, sino también al sistema judicial que debe definir si las afirmaciones del FBI se sostienen ante la ley.
Con información de The New York Times
